El Concejo Deliberante avanzó en la reglamentación del uso de las video cámaras instaladas en la vía pública, al dar la comisión de Seguridad despacho favorable a un proyecto de ordenanza que, entre otros artículos, determina que las imágenes tomadas no podrán ser entregadas a particulares salvo que medie una orden judicial y dispone que quedará prohibida la filmación del interior de viviendas o locales privados.

La norma, se señaló desde la comisión que preside la concejal bruerista Valeria Amendolara, apunta a “ordenar” el uso de las video cámaras que el Municipio ha instalado en diferentes barrios y sectores del casco urbano y la periferia en el marco del plan de monitoreo para contribuir a la tarea policial de seguridad urbana.

El valor de las video cámaras como herramienta legal y el derecho a la intimidad de las personas, viene siendo un tema de debate en el Concejo Deliberante local donde, cabe señalar, se sigue discutiendo en la comisión de Seguridad la iniciativa para que los padres de adolescentes y jóvenes que concurren a boliches nocturnos puedan ver on line las imágenes que toman las cámaras instaladas en las puertas de esos locales.

Ahora el Concejo Deliberante aprobaría la semana próxima -a partir del despacho favorable dado por la comisión de Seguridad- el proyecto para reglamentar el uso de las video cámaras y, particularmente, el destino de las imágenes captadas.

El proyecto que logró luz verde de los ediles pertenece al concejal del Bloque Peronista José Arteaga y apunta a “regular la utilización de videocámaras en espacios públicos con el objetivo de brindar un marco normativo claro en el uso de las grabaciones que permita una mayor eficiencia, pero que limite su uso indiscriminado y preserve la privacidad de las personas”.

Según el edil, “la idea es que se realice una sistematización de las imágenes que se toman y saber quienes manejan las cámaras y las capacitaciones que poseen, así como también los criterios de localización y fundamentalmente lo que registran”.

La norma pretende darle un marco normativo local a partir del criterio de que existe “vacío legal” que eventualmente podría invalidar el uso de las grabaciones como prueba en delitos.

“En este aspecto es que plateamos una propuesta integral que incluya la articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Bonaerense y Control Urbano”, indicó el legislador platense.

La iniciativa propone que se puedan utilizar los espacios y la vía pública para la instalación de una red de video seguridad, utilizando el equipamiento y el mobiliario existente o mediante la colocación de nuevas estructuras, pero limita “la utilización de las imágenes captadas y resguarda el derecho a la intimidad”.

“Es necesaria la vinculación con otras redes de monitoreo, tanto públicas como privadas que se puedan incorporar a la red municipal y de esa forma ampliar la cobertura del espacio público que permita mejorar el sistema y que las respuestas sean más rápidas ante posibles hechos delictivos”, indicó Arteaga.