Los concejales se ocupan de la SCPL porque no tienen proyectos para trabajar. Eso fue lo que dijo ayer a la mañana en conferencia de prensa Gabriel Tcharian.

De inmediato, ediles de todos los bloques que escucharon varias veces el audio de las declaraciones antes de bajar al recinto se dedicaron no solo a rebatir los dichos en cuanto al apoyo a la entidad, sino que cuestionaron además su grado de responsabilidad en tanto y en cuanto fue integrante del Consejo de Administración en dos de los períodos auditados, recordándole que mientras pretende decir que la política queda afuera, la comuna es poder concedente y organismo de control, más allá de que fue también la política la que facilitó el armado de una lista de oposición para el rol que hoy el propio Tcharian ocupa en la entidad.

LOS INFORMES QUE FALTAN

Mario Soto (FpV) dijo que sin dudas molesta a “algunos que venían funcionado dentro de la SCPL” que el Concejo exija los once informes parciales de la auditoría. Cuestionó además que el titular del Consejo de Administración se arrogue el derecho de juzgar el funcionamiento del Poder Legislativo, cuando debería tener en claro que tanto desde allí como de parte del Ejecutivo, desde la fecha de asunción --e incluso antes-- se abocó a la defensa de la SCPL con ordenanzas como la emergencia de agua o el reclamo de fondos para acuíferos.

“Tcharian se olvida que era muy difícil presentar lista; tuvimos que accionar para que se abrieran las puertas de la SCPL y conformar un nuevo Consejo de Administración, del cual continúa formando parte” recriminó.

Por su parte José Gaspar (UCR) dijo que pareciera que el directivo hubiera desembarcado en diciembre en la entidad cuando fue consejero titular en 2010 y 2011, períodos que abarcó la auditoría que detectó falta de controles internos y aprobación de balances falsos, por lo que le endilgó responsabilidad en tal contexto.

Se preguntó además por qué la negativa a presentar las once carpetas requeridas, “a no ser que en éstas se demuestren responsabilidades compartidas con la administración anterior, de la que fue parte”, reiteró, que con un quebranto de 128 millones de pesos donde no pueden ser solo tres los responsables, en alusión a los gerentes y a la contadora despedidos.

“La auditoría habla de falta de transparencia y Tcharian fue parte” acusó, agregando que además de sus funciones en la anterior gestión, durante el mes de febrero, con la auditoría en curso, liberó un pago ordenado por uno de los gerentes, lo que luego fue causal de despido, en función de que se abonaban honorarios a un estudio que patrocinó una querella contra la SCPL, el cual por otra parte correspondía al gremio que lo contrató.

Viviana Navarro, por su parte, pidió que se transparente el tema salarial, ya que los administrativos o el personal “de calle” no cobran los importes publicados, y cuestionó la forma en que se cubrieron las gerencias vacantes.

“A la SCPL está entrando gente por la ventana” dijo, mientras que Carlos Vargas cuestionó las altas tarifas de energía que se utilizan para financiar otros servicios, y la aplicación de pass -trough (actualización automática de tarifas) sobre lo que dijo que el Concejo Deliberante la aprobó en su momento “entre lujurias y fandango, y violentó la Carta Orgánica”, aunque Marcelo Rey defendió luego la mecánica, indicando que Camessa incrementa la tarifa cada dos meses y que derogar el sistema demandará doble lectura de modo mensual en el Concejo.

VAMOS POR MAS

Tanto desde el Modelo Chubut, como desde el FPV y la UCR, reafirmaron el rol contralor del poder político como poder concedente y subrayaron que persistirán en tal tarea. Pablo Martínez sostuvo que “lo que se le pide a la SCPL no es por capricho, sino porque cuando se transfirieron los servicios públicos la comuna transfirió bienes muebles e inmuebles. Tenemos que controlar las inversiones del Estado y nos deben presentar los informes”.

Después cuestionó que la actual administración de la SCPL “está incorporando la política de no dar informes”, ya que no brindó en su momento los vinculados a la emergencia de agua y niega ahora los de la auditoría.

“Les recordamos que el municipio es accionista, y exigimos, les guste o no. E iremos por más porque vamos por las responsabilidades que corresponden a aquellos que avalaron los balances falsos: responsabilidad política algunos, y penal para otros”, concluyó Martínez.