La utilización y destino de los recursos públicos fue uno de los ejes de debate sobre el que se esgrimieron los principales posicionamientos en la sesión de ayer del Concejo Deliberante capitalino.

En este sentido, el enfoque (sobre todo desde el ala opositora) estuvo centrado en advertir la supuesta ilegalidad que rodea a un convenio suscripto por la Municipalidad y la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET) por medio del cual se condonó una deuda que poseía la firma de capitales chileno con el Ejecutivo Municipal en el orden de los dos millones de pesos. En contrapartida, la empresa realizará obras de infraestructura que la "Municipalidad estime necesarias", según detalla una de las disposiciones de la normativa aludida.

Lo que motivó la serie de críticas, sobre todo aquellas expuestas por el edil en representación de Fuerza Republicana, Claudio Viña, fue que el Intendente Domingo Amaya no se encuentra facultado para la cancelación de estos montos tributarios sin la autorización del propio Concejo. Además, señaló que gran parte del importe adeudado corresponde a retenciones que EDET incluyó en sus facturas como retenciones a grandes consumidores, por cuenta y orden del municipio (tales ítems figuran en concepto de "Contribución de mantenimiento de alumbrado público" y de "Contribución para obras nuevas y de mejoras del alumbrado público"). Esto, según el concejal, equivale a decir que EDET se quedó indebidamente con impuestos municipales de terceros ante los cuales la empresa actúa como un simple agente de retención, lo que a su entender le agrega gravedad a la irregular situación.

"No hay un ordenamiento legal que permita condonar intereses. Esto debe realizarse a través de una moratoria, con una vigencia establecida y determinada por el Concejo", indicó Viña. Asimismo, aseguró que con este tipo de tratamiento se "recubre una excepcionalidad" posibilitando, de esta forma, que "EDET se privilegie en no pagar o cancele sus tributos en obras que hasta ahora nunca se realizaron".

Sin detallles

Cabe resaltar que en lo atinente a la ejecución de dichas obras no se establece en el convenio rubricado por Amaya y el Titular de Ingresos Públicos Municipales, Silvio Bellomío, una descripción ni detalle de las mismas, ya sea en el período de tiempo que insumirá su concreción, como así tampoco su localización.

En esta línea, y relacionado con el monto adeudado por la empresa, de acuerdo a lo señalado por Viña, alcanza los 2.105.965 pesos, pero tras ponderar el gasto alegado por la empresa de energía insumido en la realización de las obras, este sólo alcanza a 1,3 millones de pesos, por lo que existiría una diferencia considerable entre lo adeudado en materia tributaria y lo presupuestado en forma de "pago".

"Quieren hacer co-responsables a todo el Concejo de esta condonación de deuda, cuando es un negocio redondo, más grande que la luna", lanzó el concejal José Luis Avignone (UCR), para quien con lo avalado "estamos innovando legislativamente con este tipo de convenios".

En tanto, en defensa de la disposición promovida se manifestó el oficialista José Franco al cargar culpas en la Contaduría General del Ejecutivo Municipal pues, sostuvo, en un primer momento no se determinaron contrariedades en el análisis del convenio. En este caso, tal dictamen fue efectuado por el contador Armando Varela quien suplantaba a la titular de ese órgano Patricia Beltrán de Salido al no poder comandarlo por cuestiones de salud.

Sin embrago, al reincorporarse a sus funciones, esta última realizó una serie de objeciones y actos de oposición al instrumento administrativo acordado.

"Hay una clara contradicción de la propia Contaduría que debe actuar bien y no estar agazapada pues hay un incumplimiento de la persona que nos tiene que informar debidamente a nosotros", argumentó Franco.

Finalmente, el polémico acuerdo fue aprobado por 14 votos a favor y tres en contra, en los que se encontraron Viña, Avignone y José Costanzo.