El concejal Juan Pablo Luque (FpV) fundamentó el contexto y los porqué de una nueva prórroga al contrato con la SCPL para la prestación del servicio eléctrico y de alumbrado público, suscripto originalmente en 1982, en la única expresión vinculada al tema.

La sesión extraordinaria celebrada ayer en el Concejo Deliberante abundó en detalles de la auditoría, en los que se habló de beneficios y negocios personales, negocios poco felices y poco apego a la legalidad en cuestiones contables. Muchos cuestionaron la actuación de los síndicos.

Luque expuso en primer término que entre los datos arrojados por la auditoría financiera y operativa a la que se sometió la entidad, surge que son los servicios de energía y alumbrado público los que brindan mayores beneficios monetarios, y que estos terminan prácticamente solventando las restantes prestaciones.

“Agua y cloaca es totalmente deficitario, y energía mantiene viva económicamente hablando a la SCPL”, abundó.

Recordó luego que ya el 31 de mayo de 2011 se había prorrogado el contrato original y dijo que pasó un año sin definirse el nuevo ni concesionar el servicio conforme a derecho. Añadió que la ordenanza de marco regulatorio de servicios concesionados establece la prohibición de prorrogar contrato, con lo que admitió que se estaba recayendo en una violación a la norma “porque no se ha hecho lo que se debió hasta la fecha”. Justificó que la Carta Orgánica municipal obliga a mantener la regularidad del servicio público, por lo que se considera que la prórroga por seis meses que se trataba ayer habilita el plazo necesario y definitivo para un contrato final. Pidió al Ejecutivo que remita el nuevo contrato al cuerpo, con lapsos previos al vencimiento de la prórroga.

Esta fue aprobada de modo unánime y se extiende hasta el 30 de noviembre del año en curso.

Tales fueron las únicas palabras dedicadas al tratamiento puntual de la sesión extraordinaria, que se extendió por 45 minutos, en la que los ediles compartieron algunos datos vinculados al informe de la auditoría a la SCPL que habían recibido durante la jornada anterior.

LA MIRA EN LOS SINDICOS

José Gaspar (UCR) prologó su comentario sobre la auditoría indicando que revisó los años 2009, 2010 y 2011, que el relevamiento del trienio no basta para detallar la génesis de un déficit de 120 millones de pesos, y que más allá de las medidas tomadas sobre tres agentes separados del cargo “hay más responsables por el descontrol”, y puso la mira en los auditores externos y los síndicos de la entidad.

Transparentó que uno de los gerentes separados del cargo había contratado a un estudio de abogados para que defendiera a trabajadores de la SCPL que iban a litigar contra la entidad, resumiendo que “la SCPL pagó los honorarios de ese estudio, más los del asesor legal que los defiende de las querellas” y endilgó parte del tal error al nuevo titular del Consejo de Administración, Gabriel Tcharián, dado que tal pago se efectuó en febrero de 2012.

Blanqueó que el servicio de telefonía no brinda las ganancias esperadas y a veces debe ser socorrido por la caja de otros servicios y dijo que quedó “muy sorprendido y preocupado” por “como se ha usado la entidad en beneficio propio o para hacer negocios”, añadiendo que desde el punto de vista administrativo se encontraron “cosas de no creer” como la falta de asientos de movimientos contables en libros rubricados.

Luque ponderó a su vez como un hecho positivo que se realice una auditoría de este tenor, que con ella la nueva conducción de la SCPL estaba haciendo lo que debía y admitió sentirse “apenado y estafado” por lo sucedido durante todos estos años en una cooperativa en la que se habla hoy de un déficit multimillonario.

“NEGOCIOS POCO FELICES”

Desde el Modelo Chubut, Viviana Almirón habló de “negocios poco felices” contribuyendo al endeudamiento, aunque puso en valor la iniciativa de generación de energía eólica, y pidió tal reconocimiento pionero “más allá de los parques eólicos de otras ciudades” al indicar que siendo el gobernador un comodorense debería ser contemplada tal situación para que llegue un resarcimiento.

Sobre la auditoría, agregó que denota falta de método del sistema global de contabilidad, irregularidades, acciones unilaterales de los gerentes y que el endeudamiento llega concretamente 128 millones de pesos más otros 30 millones contraídos para pagar deudas. Destacó por último el trabajo “puntilloso” de la Universidad San Juan Bosco en tal investigación, para subrayar que la ciudad contrata consultoras rosarinas o de Buenos Aires cuando se cuenta con recursos humanos de jerarquía en la ciudad.

Viviana Navarro (FpV) pidió que la investigación sea más extensa y dijo estar segura que la situación “no se arregla con estos tres despidos” dado que no son los responsables de la mala administración, volviendo a cuestionar a los síndicos que ha tenido la SCPL. También insistió con que los trabajadores deben tener una silla en el Consejo de Administración “y no estoy hablando de las representaciones gremiales”.

Breve, pero no por eso menos duro, el radical Pablo Martínez cerró la sesión hablando de “profunda preocupación” por los resultados de la auditoría, que desnudó “falta de control interno, procesos administrativos y generación de balances falsos con complicidad de delegados y sindicaturas, cero cumplimiento de la legalidad, atraso de libros y falta de seguimiento responsable de las cuentas”.