El presidente del Bloque de la UCR, Ariel Rodríguez, fue el autor de la primera iniciativa mencionada, a través de la cual pide al Ejecutivo a que “aplique las sanciones previstas en el artículo 21 de la Ordenanza 11.580 a las empresas prestatarias del Servicio Público de transporte urbano de pasajeros por autobús, que no hubieran abonado los haberes del mes abril en el cuarto día hábil del mes en curso”.

Las sanciones económicas para estos casos pueden variar de cien a treinta mil veces el valor del boleto de acuerdo a la gravedad de cada caso.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los concejales Leonardo Simoniello, Esteban Aignasse, Fanny Jara, Cristina Quinteros (FPCyS-UCR), Vanesa Oddi (FPCyS-PS) y Noelia Chiementín (FPCyS-CC ARI), y fue ingresado al Concejo Municipal debido al paro del Transporte Urbano de Pasajeros que padeció el martes pasado la ciudad de Santa Fe.

Por otra parte, pidieron “al Sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) que, en los casos de falta de pago de los haberes mensuales en término, se abstenga de realizar cualquier tipo de medidas de fuerza que impliquen la afectación del servicio público del transporte urbano de pasajeros, si las mismas no han sido comunicadas a la ciudadanía con al menos 24 horas de anticipación”.

Críticas y reclamos

Más allá de que no hubo ningún proyecto en tal sentido, el concejal justicialista Roberto Campanella expresó que “la licitación da transparencia y deslinda responsabilidades”. Y agregó: “Es la norma la que está por encima de intereses sectoriales políticos, empresariales, o de cualquier tipo. Los problemas que hemos tenido estas últimas semanas con el transporte de colectivos ocurrieron por transitar en la precariedad con un servicio esencial”.

Por su parte, el concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ) reclamó: “Debemos sincerar la situación del transporte con reglas claras que estén por encima de todos los intereses. El Municipio es el dueño y administrador del servicio. Nosotros creemos que el tema del transporte es una política de Estado y no la discrecionalidad de quien eventualmente está en el gobierno”.