Para esta mañana la intendente de Santa Ana, María Escalante, está citada por el Concejo de esa localidad para que informe sobre cuestiones financieras polémicas de la Comuna. Sin embargo, su presencia está en dudas ya que no concurrió a ninguna de las siete veces anteriores en que fue convocada, la última de ellas el pasado viernes 3.

Los tres integrantes del Legislativo municipal del poblado, distante a una veintena de kilómetros de Capital, esperan que Escalante asista y explique las razones por las que no envió los balances correspondientes al segundo semestre de 2009 y del primer semestre de 2010.

También cuánto se recaudó y qué destino se le dio a los fondos obtenidos por el controvertido cobro de estacionamiento en cuatro cuadras a la redonda de la plaza principal durante las últimas fiestas patronales. Además, entienden que dicha percepción debió haber sido aprobada por el Concejo y no por una Resolución del Ejecutivo municipal.

Con la de hoy a las 10 es la octava vez que el cuerpo Legislativo municipal “invita” a la jefa comunal sin que ésta haya concurrido a la interpelación. La última vez fue el pasado viernes 3, cuando presentó un certificado médico por “cólicos”.

Si hoy la Intendente no se presenta ante los concejales, los ediles podrían volver a suspenderla. Ya lo hicieron en un pasado reciente, por unanimidad, y Escalante no pudo cumplir sus funciones ejecutivas el 10 y el 11 de agosto pasado por haber sido separada de su cargo por 48 horas.

En aquella oportunidad, los concejales suspendieron a Escalante porque utilizó una casa o solar histórico para un baile, donde tocaron grupos de cumbia, durante las festividades de Santa Ana y por supuestas irregularidades en la contratación de una empresa que instaló juegos en la plaza principal del poblado.

Los concejales señalaron en la suspensión que una Ordenanza vigente establece que la Casa Histórica sólo puede ser utilizada, para un evento de estas características, con el aval unánime del Concejo.

En este caso, Escalante ni siquiera habría pedido permiso al Legislativo.

Además, los ediles le cuestionaron el costo de las obras en la plaza San Martín y la forma en que se contrató a la empresa que las realizó. Las mismas se tratan de unos pequeños juegos infantiles, cuyo costo habría alcanzado a los $35.000, que habrían sido encomendados a una firma santafesina sin una licitación previa o un concurso de precios.