Ayer por la tarde, en sesión extraordinaria, los concejales de Río Gallegos transformaron en Ordenanza la declaración de Emergencia Vial en Río Gallegos.

La Ordenanza tiene de ocho puntos. En el primer artículo se declara por un año la emergencia, que podrá ser prorrogable por otro más y señalan como objetivo de la declaración “elaborar una política integral de Seguridad Vial, otorgándole el rango y prioridad de política de Estado”, para lo cual se debe “implementar en lo inmediato un plan de trabajo para reducir la gran cantidad de siniestros de tránsito y sus consecuencias más graves, personas lesionadas y víctimas fatales”.

El segundo punto plantea implementar a través del Municipio y el Concejo Deliberante, “de manera inmediata, una amplia campaña de educación y concientización en Seguridad Vial, planificada con carácter permanente, mediante folletería, publicidad gráfica, radial y televisiva, afectándose para ello, como mínimo, el 20% del gasto previsto para la publicidad oficial”.

Se autoriza al Poder Ejecutivo municipal la reasignación de partidas presupuestarias necesarias para la optimización de los recursos de la Dirección de Tránsito, como así también la reasignación de las partidas del plan de obras públicas, para atender “el gasto en obras que tengan concordancia directa con la implementación de mejoras en relación a las políticas en materia de seguridad vial”.

En un cuarto punto se indica que en 30 días de promulgada la ordenanza sancionada ayer, el Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante el plan de inversión que se asignará a la Dirección de Tránsito provincial.

En el siguiente artículo se le da 15 días corridos al Municipio para que presente el plan de trabajo que se llevará a cabo en materia de prevención y control vial, al tiempo que se establece que se deberá enviar un informe quincenal de las acciones llevadas adelante.

Se prohíbe consumir o portar alcohol dentro de los vehículos, ya sea que estén en marcha o estacionados, imponiendo una multa que va de los 50 a los 100 mil módulos y el secuestro de la unidad, cuando el que consuma o porte sea el conductor.

Finalmente, en el último artículo de la ordenanza se encomienda a los integrantes de la comisión paritaria municipal “tratar la viabilidad y conveniencia de establecer un adicional remunerativo para el personal que cumpla funciones efectivas como inspector de tránsito en la vía pública, con similares características a lo dispuesto para el personal del departamento Cementerio y la dirección de Mantenimiento de redes pluvio cloacales”.

El concejal José Amador Hidalgo (PJ) afirmó que la sanción de la Emergencia Vial se convertirá en un instrumento meramente declarativo si ésta no viene acompañada de un Plan de Acción, una serie de medidas por parte del Municipio que apunten a solucionar el grave problema del tránsito urbano.

Que no sea declarativa

Finalizada la sesión, el concejal José Hidalgo, quien preside el Consejo de Seguridad Vial, sostuvo que “esta norma por sí misma no contiene las soluciones a los problemas que se han evidenciado en el tránsito urbano y que en los últimos años se han incrementado notablemente”.

Y aclaró que “si no se la dota de las medidas necesarias para revertir esta situación”, sólo tendrá un valor “meramente declarativo”. “Por ello pedimos que se explicite un plan de medidas que contribuyan a paliar la emergencia, y es ahí hasta adonde llega nuestra responsabilidad como legisladores comunales”.

Hidalgo reconoció además la tarea de los integrantes del Consejo Municipal de Educación y Seguridad Vial y las organizaciones no gubernamentales que participaron en el tratamiento del proyecto, “que se han abocado con compromiso y sin otra intención que no sea el bienestar común, al debate de un tema sensible y al cual se arribó como conclusión, de manera unánime, que estamos ante un problema serio que es necesario enfrentar a partir de tomar medidas indispensables”, indicó.

Y señaló que “es responsabilidad política del Departamento Ejecutivo municipal regular en materia de tránsito en la ciudad de Río Gallegos, y esta política debe estar orientada a la ‘Prevención y control del cumplimiento de las normativas vigentes’, ya el Municipio ejerce el poder de policía para realizar los controles de tránsito necesarios en distintos puntos del ejido urbano, y para ello dispone del área de Tránsito municipal”.