Según sostienen, en función de lo emanado de las actuaciones de la Comisión Investigadora Municipal (CIM) y distintos informes agregados al Expediente N° 579/11 que fuera presentado el año pasado, las irregularidades detectadas en la prestación del servicio eléctrico son producto de dichos delitos.

La CIM fue creada por el Cuerpo Legislativo mediante Ordenanza (N° 4002), para investigar las actuaciones e información contenida en el expediente originado por el Ejecutivo a finales de 2011, avalado por los legisladores municipales –a excepción de parte de la oposición-, a partir de una nota (N° 3049/11) emitida por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y por la cual el jefe comunal, Osvaldo Cáffaro, decidió mediante decreto (N° 430/12) la intervención técnica y administrativa del contrato de concesión del servicio eléctrico.

En base a dicho expediente, el informe de la Jefatura de Gabinete municipal, el dictamen de la subsecretaría Legal y Técnica y nueva documentación anexada al documento por el Ejecutivo luego del informe realizado y presentado por la CIM en el mes de julio, el Concejo sancionó la semana pasada una resolución solicitando a la Intendencia la presentación formal de una denuncia penal.

Elevan la causa a camara de apelaciones

La decisión del Cuerpo se toma tras conocerse que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 hiciera lugar, en primera instancia, a la medida cautelar solicitada por CEZ, suspendiendo la intervención, ante lo cual el Ejecutivo optó por recusar la medida, elevándose la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás.

“De la nueva documentación e información suministrada por el Departamento Ejecutivo Municipal, surgen datos relevantes que habilitarían al mismo a interponer una denuncia penal a fin de que sea la Justicia la que investigue las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la CEZ”, sostienen los concejales en la resolución aprobada el jueves pasado.

Además, señalan que “no puede desconocerse que la calidad de servicio, la que se mide en producto y servicio técnico y calidad comercial, ha sido, a los largo de los años de prestación del servicio concedido a la CEZ, observado por los entes competentes”.

Como conclusión, en el informe que fuera avalado por los concejales, la CIM sostuvo que la concesionaria y “fundamentalmente” su actual Consejo de Administración “ha violado, incumplido y transgredido” las normas provinciales y el contrato de concesión firmado con la Municipalidad por la prestación del servicio eléctrico.

En ese contexto, como funcionarios públicos, los ediles sostienen que “al tomar conocimiento de las posible comisión de un delito, es deber y obligación solicitarle al Ejecutivo, en su carácter de Poder Concedente del contrato de concesión del servicio eléctrico, que realice denuncia penal”.