El Concejo Municipal extendió ayer hasta fin de año la habilitación para que el Ejecutivo municipal pueda emplear sobregiros en descubierto, pero impuso nuevas exigencias que ajustan el monto máximo permitido y limitan el uso del dinero al pago de salarios.

Durante el debate hubo reproches al intendente Omar Goye por la falta de austeridad de su gestión y referencias al abultado costo en intereses que debe afrontar el municipio para apelar a los adelantos bancarios, que en algún caso han superado los 220.000 pesos mensuales.

El municipio se vale de esa herramienta desde hace más de tres años para asegurar el pago en término de los salarios. El Banco Patagonia consiente en forma acordada el saldo en rojo de la cuenta general por un monto que supera largamente los 10 millones de pesos y que debe ser compensado invariablemente el último día de cada mes.

Por iniciativa del Frente Social del Pueblo y del Frente Grande, el texto enviado por el Ejecutivo sufrió cambios orientados a evitar cualquier exceso sobre el monto máximo permitido.

Al igual que en la autorización votada en julio último, los ediles aceptaron autorizar un sobregiro equivalente al 4,5% del presupuesto vigente. Pero en los últimos meses Goye y sus colaboradores le agregaron otro 1% a partir de una discutible interpretación de la norma contable.

El texto aprobado ayer incluye un artículo que suspende esa cláusula de la ordenanza marco y deja como tope máximo el 4,5%, que en números reales ronda los 12,5 millones de pesos.

Otra imposición de los ediles fue la de eliminar los "servicios y bienes de consumo" que el Ejecutivo había incluido entre los gastos a afrontar con el descubierto. Sólo lo aprobaron para el pago de salarios.

Los concejales oficialistas aceptaron en silencio los cambios porque de otro modo no hubieran reunido los votos necesarios para la aprobación de la ordenanza.

Durante la sesión la concejal Carmen Giménez (FSP) fundamentó la necesidad de suspender el artículo de la ordenanza de Contabilidad que permitía al Ejecutivo sumar un punto extra al límite del descubierto.

En tanto que Carlos Valeri (FG) adelantó que votarían a favor pero manifestó su disconformidad con "la falta de gestos de austeridad y de un plan de control del gasto" del Ejecutivo.

Dijo que Goye podría manejarse con una planta de 15 funcionarios políticos, lo que representaría un ahorro de 6 millones de pesos anuales. Pidió cerrar la Casa de Bariloche en Buenos Aires (que está a cargo de la hija de Goye) porque ocasiona "un gasto absurdo" y propuso realizar llamados a concurso de precios para las obras públicas que hoy son adjudicadas en forma directa.

También reclamó que el Ejecutivo cumpla con la norma de publicidad callejera. El FG evaluó que la dejadez para controlar esa explotación privó a la comuna de recaudar $ 1,3 millones.