Neuquén > Los concejales que integran la Comisión de Legislación firmaron un despacho -en la última sesión tomó estado parlamentario- que abre las puertas al compre neuquino, pero sólo para las actividades de la Municipalidad.

"Es una ordenanza a nivel de la Ley Provincial -2.683- que crea el régimen de promoción para bienes de la Municipalidad. No es una adhesión porque no podemos adherir al régimen de administración pública provincial, sino que debemos hacerlo en la comuna", explicó María Angélica Carnaghi, concejal del MPN y responsable de la redacción del proyecto.

La legisladora comunal detalló que el objetivo del proyecto es impulsar la economía neuquina, obligando al oferente adjudicatario ante un llamado a licitación o cualquier otro proceso de contratación a que sea neuquino o, si es de otro lugar, obligarlo a incluir bienes que se producen en Neuquén. Es decir, servicios que sean prestados por empresas que estén radicadas en la provincia.

Carnaghi destacó que "el Estado municipal debe promover medidas y acciones concretas a fin de dinamizar la actividad económica desplegada por los habitantes de la provincia, y en particular de la ciudad" y remarcó que el "compre neuquino" es una buena herramienta para cumplir con este objetivo.

Detalles de la norma

En el proyecto se aclara que la norma deberá ser aplicada en todo el ámbito de la administración pública municipal, incluyendo a sus dependencias, entidades autárquicas, descentralizadas y sociedades del Estado.

Como requisito, se establece adquirir productos, materiales, mercaderías y demás bienes de origen municipal o provincial cuando estén disponibles y su "calidad y precio fueran convenientes".

También se menciona como obligación contratar obras y servicios con empresas provinciales, constructoras o proveedoras radicadas en la cuidad. O bien contratar a profesionales, técnicos y mano de obra de personas nativas o residentes en la ciudad que estén matriculados en la capital o en la provincia, "siempre y cuando cuenten con la idoneidad requerida para la tarea a cumplir".

Entre otros compromisos, se establece que deberán ser personas físicas o jurídicas con más de dos años de antigüedad de domicilio legal, fiscal en la ciudad y con el asiento principal de sus negocios y la inscripción de su flota de vehículos en el municipio capitalino.

En el texto, además, se aclara que "no serán considerados sujetos beneficiarios los que estén vinculados o controlados por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan los requisitos de la norma".