El jueves tratarán en sesión el polémico proyecto de compra de las 42 Hectáreas, por el que la comuna pagará a 6 dólares el metro cuadrado de las tierras que un año antes se vendieron a 80 centavos, y entregará un lote en forma de pago por 150 mil dólares, cuando una tasación la valuó en 431 mil.
El Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social envió al Concejo la documentación de las cooperativas de viviendas y manifestó que la parcela se afrontará principalmente con el recupero de las cuotas que vayan abonando los destinatarios de las tierras. Informó –acompañando documentación del área de Planeamiento- que de las 42.5 hectáreas, 28,1 son aptas para un loteo de interés social “mientras que en la superficie restante deberá realizarse una propuesta urbanística específica con baja ocupación del suelo”. Y que se pueden generar 900 lotes de 200 metros cuadrados. El monto acordado con las cooperativas de viviendas será de 38,50 pesos el metro cuadrado (aproximadamente 9 dólares, y atado a un coeficiente de actualización según la cotización de la moneda). “Si se dispara el dólar, los afecta”, alertó el concejal Alfredo Martín (FG), a quien se sumó Arabela Carreras (SUR): “El Estado se comprometió a pagar las cuotas en dólares, y se lo está trasladando a los vecinos”.
La concejal y legisladora electa enmarcó: “Esto podría ser una grave estafa para el municipio, pero requiere de nuestro voto, porque el boleto de compraventa no tiene validez si nosotros no lo avalamos. La estafa aún no se ha perpetrado. Hubo intención y por eso se firmó el boleto de compraventa. Cuando lo aprobemos, vamos a convalidar la estafa. Si no estamos seguros de lo que estamos votando, tengamos cuidado con no se cómplices”.
Al respecto, sugirió que “si como funcionario vendo un bien del Estado produciendo una ganancia a favor del privado, en contra de los intereses municipales, no es raro suponer que podría haber algún acuerdo no expresado sobre la mesa”. Recordó que la comuna comprará a 6 dólares las tierras que la Cooperativa de Electricidad Bariloche vendió un año antes a 80 centavos y que ahora se entregará a las cooperativas por 9 dólares. “En el medio no mediaron mejoras ni cambios en los parámetros urbanísticos, por lo que ahora no se puede construir nada en el lugar. Que me expliquen el cambio en el valor de la tierra”, sugirió. Además, reiteró que la única tasación enviada por el Colegio de Martilleros sobre el terreno que la comuna entregará como parte de pago a 150 mil dólares, fue valuada a 431 mil. “La intención es que avance lo más positivamente posible, pero si esto es una gran estafa, no se trata de una definición política: Es un meganegocio de dos o tres privados y vaya a saber quién más”.
Finalmente, la edil –que fue repudiada por los miembros de las cooperativas que presenciaron la discusión y exigían la agilización de la compra- pidió que antes de someter a votación el proyecto se cuente con las nuevas cotizaciones requeridas al Colegio de Martilleros, y aclaró a los vecinos: “Quiero que todos puedan acceder a su vivienda, pero como concejales tenemos la obligación de no ser cómplices, porque soy objeto de posibles demandas legales por mis actuaciones”.
Postura similar trazó Alfredo Martín, quien previno: “Vamos a ir todos a la justicia por avalar estos negociados. Es una decisión judiciable, que yo no estoy dispuesto a acompañar”. Hugo Cejas (SUR) también mantuvo firme su postura contraria a la iniciativa, argumentando que al margen de estas posibles irregularidades, “el municipio no tiene el dinero para comprar las tierras”, definiendo el proyecto como “una gran mentira a los vecinos”. También Francisco De Césare (PS) esbozó críticas al proyecto, cuestionando la vigencia de la operación, que el privado dio por rescindida.
Por su parte, Claudio Otano (UCR) comprendió que “si hay una megaestafa, lo tiene que probar la justicia, no nosotros: luego hagamos una denuncia en la justicia, pidamos que se investigue si hubo mal desempeño de funcionario público, pero no frenemos el avance del proyecto”.
Afirmó que “no podemos tocar” el boleto de compraventa porque “se caería la operación” (ya que el privado anticipó que tiene otros compradores y desea desistir de la venta), pero comprendió que el Concejo puede fijar el valor que los vecinos pagarán por esos lotes, en cuotas y en pesos. “El Estado no está para hacer negocios inmobiliarios: si en esta compra tiene que perder dinero, que lo pierda, porque está en juego la solución habitacional de cientos de familia”, dijo.
Barriga acompañó la idea de determinar el valor de las cuotas por Ordenanza, e incluso añadió que el Estado debe “venderlas al mismo valor que las compró”. Si bien coincidió en que no quiere convalidar un posible negociado, relativizó: “No sé cuál es el meganegocio: ¿comprarla a 6 dólares cuando hay tasaciones que dicen que valen entre 7 y 12 dólares? Tengo mis resguardos, pero el negocio formidable lo va a hacer el privado si no la compramos, porque las va a vender a más”.
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