El poder legislativo de El Calafate aprobó una resolución que le reclama formalmente al Gobierno provincial que mande los fondos del empréstito, asegure los aportes para déficit y pague la deuda de mantenimiento y limpieza de escuelas.
Las declaraciones públicas de concejales realizadas días atrás se plasmaron ayer en una resolución en la que se le requiere al Poder Ejecutivo Provincial que cumpla con las leyes 3.261 y 3.267, y que realice los pagos adeudados en concepto de mantenimiento y limpieza de escuelas.
El empréstito, la llamada “ley Arabel” y el convenio para el mantenimiento edilicio y limpieza diaria de establecimientos educacionales son los puntos del reclamo, puntos por los que la provincia debe 10 millones de pesos, según el ahora reclamo formal de los concejales calafatenses.
La resolución fue aprobada por los tres concejales oficialistas que ayer sesionaron, en la última reunión ordinaria antes del receso invernal. El presidente del Cuerpo Víctor Romero y el concejal Oscar Zaeta estuvieron ausentes por estar fuera de la ciudad.
“Esto ha tomado carácter público, hemos salido en las noticias, y hasta hoy no hemos tenido una definición de qué va a pasar con estos fondos. Esta resolución es para que el Ejecutivo reaccione” dijo el concejal Alexis Simunovic en los fundamentos dados en el recinto.
“Esto se da en un tiempo que la provincia está tratando de equilibrar sus cuentas, lo tenemos en claro, pero creo que es justo que reclamemos una previsibilidad, al menos sobre cuándo y de qué manera vendrían estos fondos”, agregó el mismo concejal.
La resolución del legislativo calafatense es el resultado del reclamo público que desde el Municipio calafatense comenzó a impulsarse la semana pasada.
El intendente Javier Belloni no habla con los medios del tema, pero a cambio envió a concejales y diputados de su sector a que den a conocer el pedido.
El llamado “enojo calafatense” continúa en estos días. Pese a las publicaciones periodísticas, el Gobierno provincial acusó recibo pero con críticas a los voceros y no se ha entablado diálogo con los funcionarios de la villa turística.
Ahora Belloni forma parte del bloque de intendentes que instruyen a diputados por pueblo para condicionar la aprobación de la ley FUCO, a obtener una seguridad sobre los fondos adeudados.
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