Como se sabe, el acuerdo de cancelación de deuda supone la dación en pago de obras y servicios que consisten en un sistema de video vigilancia en áreas urbanas, semi urbanas y accesos vehiculares en el territorio de la jurisdicción de esta ciudad. Para el edil “con ello se está involucrado el patrimonio municipal que se integra, además de los bienes de dominio público y privado, por el tesoro municipal el cual se compone, entre diversos ingresos, con el producido de las tasas y contribuciones”.

Resalta que el convenio establece la cancelación de la deuda por los periodos correspondientes a los meses de enero/2.003 a diciembre/2.011 por $4.382.785,82, suma que surge del citado periodo que se encuentran con trámite de cobro judicial.

Hernández indica que el monto total de la deuda así pactada asciende a $6.170.075,78, presentando una quita de intereses resarcitorios del 66,54%. “Vale decir una merma en el monto a pagar que conforma la suma $1.787.289,96”, mencionó.

Para Simón Hernández, resulta “contradictorio” el convenio porque por una parte “se dice que constituye un riesgo de continuidad de la empresa deudora por su posible situación concursal, y por otra parte, se acude a la misma para recurrir a la contratación de servicios y obras, incumpliendo abiertamente las disposiciones” de la Ordenanza de Administración Financiera municipal.