La concejala electa por el justicialismo Samantha David anticipó que si el defensor del Pueblo, Eduardo Mugnaini, no va a la Justicia en contra de las sobretasas que el oficialismo se dispone a votar hoy, lo hará ella a través de un amparo.

David, ex funcionaria de la Provincia, sostuvo que está de acuerdo con que el defensor del Pueblo haga un planteo judicial como representante de los intereses de los ciudadanos. “Tiene la obligación de ir a la Justicia; pero, si no fuera así, voy a hablar con mis compañeros concejales electos para ser nosotros quienes lo hagamos. Será nuestra obligación como ciudadanos presentarnos y reclamar por los derechos que creemos que hoy están siendo vulnerados. No dudaré en encabezar este reclamo a través de un amparo”, indicó David.

Según la concejala electa, todo el proyecto oficialista es inconstitucional. “En primera medida es un impuesto análogo al IVA que grava el consumo. Esta mal llamada sobretasa viola la ley de Coparticipación, ya que es una prohibición expresa que las provincias graven por sí o por sus municipios con impuestos análogos a los nacionales, cualquiera sea su característica o denominación. Además, la misma ley obliga a la Provincia a suspender la coparticipación en impuestos provinciales y nacionales a los municipios que no den cumplimiento a lo establecido”, declaró David.

“Este tipo de normas desvirtúa el sistema de armonización tributaria en el que tanto esfuerzo se puso durante la sanción de la ley de Coparticipación con una norma tan dudosa”, agregó.

Con respecto a las derivaciones políticas de las sobretasas a la TV por cable, Internet y la telefonía fija y celular con abono. “Este proyecto del intendente ha degradado la institucionalidad de la política riocuartense. No sólo por su manifiesta ilegalidad sino porque esta decisión ha sometido a muchos actores a verdaderas aberraciones. Primero que nada, la ilegalidad de proyecto no puede ser discutida. El Municipio no puede gravar por servicios que no presta”, declaró.

Y agregó: “Degrada la institucionalidad el intendente cuando logra que una institución como la CGT ceda a la tentación de negociar un reclamo sectorial como el boleto de transporte a cambio de validar este impuesto con un impacto directo y negativo en toda la sociedad, incluyendo la familia trabajadora. Peor aún, cuando ese boleto reclamado es en gran parte solventado por el Gobierno provincial. ¿O acaso el boleto estudiantil no beneficia más que nadie a la familia trabajadora?”.

La concejala schiarettista le reclamó a la CGT que no convalide una medida ilegal. “En ese caso, habrían sido ingenuamente manipulados por este intendente y su escaso conocimiento de los derechos que establece la Constitución. ¿Quién le garantiza a la CGT que un intendente que le mintió a la gente va a cumplir ahora lo acordado con la cúpula sindical? Además, la decisión de bajar la tasa a la mitad no es relevante. La ilegalidad no puede ser medida en porcentajes y, además, la gente está enojada no sólo porque se le cobrará un nuevo impuesto, sino que se siente burlada por una mentira”, dijo David.