Hay tres acusados de fraude a la administración pública y uno por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se investigan irregularidades por 400 mil pesos.
Los tres primeros por "Fraude a la administración pública" y el último por "Incumplimiento de los deberes de funcionario público". A todos se les dictó prisión preventiva y se les trabó embargo sobre sus bienes.
La decisión judicial fue el resultado de una denuncia radicada en octubre de 2008 por el diputado Alejandro Molero (Confe) y los bloques opositores de la UCR y el Socialismo del Concejo Deliberante.
En la misma se daba cuenta de una serie de presuntas irregularidades cometidas en el Tiro Federal Argentino de este departamento donde, a partir de 2007 y tras la suscripción de un convenio entre la institución, la comuna y el Ministerio de Seguridad que implicó que comenzara a funcionar una delegación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
La denuncia, publicada por Los Andes en ese momento, hablaba de irregularidades por una suma cercana a los $ 400.000 e involucraba también a Víctor Quiroga, un particular muy cercano al oficialismo.
Concretamente aludía a la sobrefacturación de precios en la entrega de las viandas del IUSP, la duplicación y hasta triplicación del número de comensales, la falsificación de presupuestos de otros comercios en una licitación que nunca vio la luz y la realización de obras que, aunque nunca se efectuaron, fueron abonadas por el municipio.
Según se notificó ayer por la mañana, el juez de Instrucción Néstor Murcia dictaminó el procesamiento y la prisión preventiva para Quiroga como autor del delito de defraudación a la administración pública en 25 hechos en concurso real, y le trabó un embargo de $ 100.000 o la inhabilitación general.
Luego, al ex concejal justicialista y ex secretario de Gobierno, además de amigo de Juan Carlos De Paolo, Carlos Rafael Rosa, lo procesó en calidad de partícipe necesario del delito de defraudación a la administración pública en nueve hechos en concurso real y lo embargó por $ 70.000.
El ex secretario de Gobierno y actual edil del PJ Juan Carlos Martínez fue procesado como partícipe necesario del mismo delito en 15 hechos en concurso real, con embargo por $ 30.000, al igual que el contador Claudio Reyna, a cargo de la Contaduría General de la comuna, también como partícipe necesario en dos hechos en concurso real más un embargo por $ 20.000.
En todos los casos, tanto el imputado en calidad de autor como los partícipes necesarios enfrentan penas de 2 a 6 años de cárcel por cada hecho.
Por otra parte fue procesado el contador Enrique Alberto Horlacher, ex secretario de Hacienda de De Paolo, ex delegado del fondo para la Transformación y el Crecimiento en Alvear y actualmente empleado con cargo de planta en el hospital Eva Perón de Jaime Prats, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en cinco hechos en concurso real, más un embargo por $ 30.000 o la inhabilitación.
En este caso las penas que enfrenta Horlacher son menores y van de los dos meses a dos años de cárcel, aunque también implican la inhabilitación a perpetuidad en caso de ser hallado culpable y la imposibilidad de solicitar la Probation.
"En aquel entonces nos tildaron de mediáticos cuando llevamos la denuncia a la Justicia como pocos lo hacen. Dijeron que todo era falso, que era todo política", recordó el diputado Molero al conocer el avance de la causa.
La denuncia también acusaba a Quiroga de percibir un salario de $ 750 por oficiar como celador, cuando en realidad la limpieza y el mantenimiento siempre estuvieron a cargo de los propios cadetes y el personal del Tiro Federal Argentino.
"Nunca denunciamos a una persona. La Justicia fue la que determinó quiénes son los responsables en cada caso", señaló Molero, aunque se manifestó disconforme con el "despegue" de De Paolo de la causa.
"No nos cabe ninguna duda de que el gran responsable de todo esto es el intendente. Todos los documentos mediante los que se pagaron esos importes llevan su firma" contó el diputado.
Los procesados apelarían hoy y la decisión quedará en manos de la Cámara del Crimen de San Rafael.
Los acusados, ayer, prefirieron llamarse a silencio a la espera de coordinar una conferencia pública con su abogado defensor, el sanrafaelino Armando Venier, mientras que los querellantes insistieron en que, de ser hallados culpables, la misma comuna alvearense debería iniciar acciones civiles contra sus propios ex funcionarios y partidarios para que devuelvan el dinero del que se hicieron, de comprobarse, de manera ilegítima.
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