Comunidades originarias denuncian un “plan de expulsión” de sus tierras

Los comuneros diaguitas de Base de Riarte (Trancas) sostuvieron que son víctimas por parte de la Policía del lugar de sucesivos intentos violentos de desalojo. Intereses privados sobre una extensión de 19.000 hectáreas. Medidas coercitivas sin respuesta oficial.
23/06/2012 9:56 PM | La Comunidad Indio Colalao sigue denunciando la lesión a sus derechos y potestades ancestrales en la Base de Riarte (ubicada en el departamento de Trancas, en nuestra provincia), a raíz, denuncian, de los constantes y progresivos atropellos del que son víctimas por una cuestión territorial.

En un comunicado de prensa, la Comunidad sostuvo que durante la semana que pasó, sus habitantes debieron sufrir un nuevo intento de desalojo por parte de la Policía de esa localidad tucumana, que incluso, advirtieron, al momento de efectivizar el despliegue coercitivo traspasó límites fronterizos, violando la jurisdicción correspondiente a la provincia de Salta.

Según se indicó, las acciones represivas se encuentran motorizadas por parte de Freddy Moreno Núñez Vela (presidente de la firma Zanja Honda) y Jorge Posse, "quienes comenzaron un plan de expulsión de nuestros hermanos que allí habitan, manejándose como verdaderos encomenderos en pleno siglo XXI: matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo", indicó Maria Lilia Delgado, Cacica de la Comunidad.

Se sostuvo que Nuñez Vela y Posse pretenden apropiarse de 19.000 hectáreas de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte. "Su violencia recrudeció al comenzar la aplicación en la Provincia de la ley 26160 (Comunidades Indígenas): desde septiembre del año 2010 cerraron el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos, con un portón con candado; enviaron allí personas ajenas al lugar, armadas cuya función era y es controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles Documento Nacional de Identidad a nuestros comuneros", aseveraron los damnificados en el comunicado.

En torno a esta problemática de un hipotético desarraigo, se cerró la escuela Primaria Nº 31 y desde el año 2006 la Comunidad viene reclamando su reapertura al Ministerio de Educación de la Provincia, siendo nula alguna respuesta hasta el momento. Por este motivo, los niños deben recorrer 14 kilómetros diarios para poder suplantar esta carencia de educación en un establecimiento escolar salteño.

"Durante los últimos días se produjo la expulsión de uno de nuestros comuneros, Don Elias Apaza, un abuelo no vidente con serios problemas de salud. Ante este nuevo e indignante atropello, la Base Riarte decidido no permitir que se continúe violando sus derechos colectivos, por ello se constituye en asamblea permanente en el territorio en conflicto hasta que toda esta situación se resuelva y los derechos de nuestros hermanos se hagan efectivos", destacó Delgado.

Vale señalar que semanas atrás, se realizó una marcha de protesta por las calles céntricas dada esta situación. En la oportunidad, la Comunidad pudo mantener contacto con el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, quien admitió la existencia de "una situación de violencia y una actitud de matonaje por parte de empleados de la firma" reconociendo la realidad de los hechos de intimidación contra los pobladores de la Base de Riarte.

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