La delegación fue integrada por Rodrigo Solá, abogado de las comunidades y Clemente Flores, representante indígena. La necesidad de las comunidades fue "plantear la defensa del territorio de las comunidades de las Salinas Grandes, del medio ambiente y el uso del agua. Contarle que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra, y a plantear el caso que hemos presentado ante la Corte Suprema por la explotación del litio sin consultarnos a las comunidades".

Esta demanda surge "por la intrusión de las empresas en nuestro territorio, nos juntamos para ver como se podía defender la cuenca. Logramos reunirnos y acordar 33 comunidades, todas desconocían que era el litio, que agua se iba a utilizar, con qué métodos".

Según lo indicó ayer el diario Página 12, los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. EN Salta, la empresa Bolera Minera, de origen francés, es la que presentó un proyecto de iniciativa privada para la exploración, explotación e industrialización de litio en el salar de Salinas Grandes, del departamento La Poma. Por la situación, y la falta de consulta a las comunidades para esta actividad en sus territorios, es que en agosto del año pasado se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El martes, en tanto, se detalló ante la ONU la realidad de los pueblos originarios de las Salinas Grandes en el marco de la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Pueblos Indígenas (Medpi), ámbito especializado del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas.

El Mecanismo de Expertos realiza una sesión anual, y uno de los principales temas de debate en 2011 es el derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión de acciones que los afecten. Justamente es uno de los principales reclamos de las comunidades de Salinas Grandes, donde gobiernos y empresas avanzaron sin "consulta previa" (según marca la ley) a los pueblos originarios.

"Gobiernos sordos"

"Explicamos que en nuestro país no se cumple la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Si se cumplieran nuestros derechos no tendríamos que hacer todo esto, no tendríamos que hacer juicio, no tendríamos que viajar miles de kilómetros para que alguien nos escuche, podríamos vivir tranquilos en nuestras comunidades. Explicamos nuestra preocupación de que los gobiernos sigan sordos", explicó Clemente Flores, que estuvo acompañado del abogado Rodrigo Solá.

También fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia. Según Solá, el relator adelantó que tomará todas las medidas a su alcance para que se respeten los derechos de las comunidades. Anaya visitará la Argentina a fines de noviembre próximo. Estará en el país durante diez días, recorrerá comunidades de distintas regiones, se entrevistará con funcionarios del Gobierno y miembros del Poder Judicial.