El fuerte crecimiento que ha experimentado la provincia en la última década carece de un plan de ordenamiento territorial, sostienen los expertos y como para muestra basta un botón, los casos se repiten en distintos departamentos: barrios que avanzan sobre zonas de tierras ricas para el cultivo o reductos industriales que quedaron sitiados por complejos habitacionales. La clave es que San Juan no tiene una ley que regule el uso de cada porción de tierra, como por ejemplo sí dispone Mendoza (ver página 9). Hasta ahora, únicamente Albardón y Pocito han avanzado con ordenanzas para empezar a planificar su territorio, en tanto que los demás municipios poseen bosquejos. Hace 15 días Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y 9 de Julio firmaron un ‘acta de intención’ para avanzar con un plan de ordenamiento. En la Dirección de Planeamiento dicen que el año que viene podría empezar a diseñar una normativa.

¿Por qué resulta urgente planificar el crecimiento de San Juan? En este sentido, las estadísticas hablan y son contundentes para medir el salto cuantitativo. Por ejemplo, entre el año 2001 y 2010, según el INDEC, en la provincia se construyeron 45.318 viviendas, casi 3 veces más que las levantadas en la década anterior, con el agregado de que, por ejemplo, Pocito fue uno de los departamentos que en proporción más se pobló, quedando copado por nuevas construcciones y así trastocando su perfil productivo. Otro dato que justifica la necesidad de ordenar el crecimiento sanjuanino, es que en el caso de la industria, el salto en ese mismo periodo en la capacidad instalada de gas trepó de los 115.946 m3 a 151.478 m3. A eso se le sumó que en 6 distritos se proyectaron parques industriales. El caso emblemático, es como la Fábrica de Carburo, en Chimbas, quedó poco a poco rodeada de viviendas.

‘Tenemos claro que hay una necesidad de ordenar el crecimiento. Confiamos en que el año que viene vamos a avanzar fuerte. No es sencillo discutir una ley de estas características porque todos los municipios deberán sentarse y diagramar lo que a cada uno les toca’, explicó el director de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Juan Manganelli.

Hay arquitectos que sugieren que para evitar un éxodo hacia zonas más rurales, la provincia primero tiene que crecer ‘hacia arriba’, es decir construyendo torres en la Capital, aunque va a contrapelo con la idiosincrasia local, sostienen.

Ahora bien, con una legislación, tanto el Estado como los privados se verían -en un principio- obligados a respetar el diseño urbano de cada zona y si no se encuadran en esa normativa, serían pasibles de sanciones. Pero, ¿es posible que obligue a un chacarero a no vender su tierra aunque ese destino sea la construcción de un barrio? En el caso de la ley mendocina, el Estado sí puede multar a quien vendió y a quien compró para edificar en una zona rural, porque argumentan que serían solidariamente responsables de la infracción. En San Juan dudan que la normativa local tenga esos alcances: ‘Una ley de ordenamiento al que más le sirve es al Estado para ponerse sus propios límites, pero de ahí a limitar a un privado, no sé de qué herramientas legales nos valdríamos’, explicó un funcionario.