Otra vez, la Legislatura eximió a las comunas rurales de presentar en qué prevén gastar sus recursos el próximo año. Sin embargo, el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, explicó que eso no implica una falta de controles a los gobiernos locales. "Este sistema se viene utilizando desde hace años, y las comunas están rindiendo en tiempo y forma sus erogaciones cada dos meses, ante el Tribunal de Cuentas, como nunca en la historia se hizo", le detalló el funcionario a LA GACETA.

La polémica se desató el jueves, cuando el bloque de legisladores oficialistas sancionó la ley de Presupuesto 2012, en el que se consignan todos los recursos de la Administración Pública para el próximo año.

Entre otras cuestiones, la norma (que había sido propuesta por el Ministerio de Economía) suspende la obligación de las 93 comunas de presentar un presupuesto de sus erogaciones, algo contemplado por la Ley de Administración Financiera. Además, se les asignó a los gobiernos locales (incluidos los municipios) un 57% más de fondos que los destinados para 2011.

Los legisladores opositores cuestionaron la decisión oficial. "Hoy es imposible saber cuánto eroga cada comuna y cuánto tiene previsto remitirle el Poder Ejecutivo. Se siguen manejando estos fondos de manera discrecional. Así, se premia a los amigos y se castiga a quienes no acatan las órdenes", protestó el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO).

El ministro Jaldo aseguró que el presunto vacío no es tal, ya que se realiza un seguimiento detallado de las erogaciones que concretan los gobiernos locales. "Esto no es un capricho: hay una ley que exceptúa a las comunas de presentar un presupuesto. Y eso, bajo ningún punto de vista, significa que nadie rinda cuentas", advirtió.

El funcionario explicó que el Tribunal de Cuentas (TC) interviene cuando se envían y se desembolsan recursos. "Todo eso se rinde al 100% en los balances. Desde 2007 hasta 2011, todos fueron presentados en tiempo y forma", señaló Jaldo.

En noviembre, el TC detectó una irregularidad justamente mediante este mecanismo. En Colombres, los administradores no pudieron justificar la erogación de casi $ 370.000. Esos fondos, según los auditores, habrían sido destinados a personal que habría sido contratado de manera irregular (sin notificar previamente al Poder Ejecutivo, como indica la ley). Por ese motivo, se sometió a un juicio de cuentas al comisionado rural, Daniel Hernández, y a la secretaria, Marta Casaballe. El ente de contralor aún no emitió una resolución respecto a esta auditoría. "Si el Tribunal de Cuentas ha detectado alguna supuesta falencia alguna vez, es porque hoy cuenta con todos los balances", argumentó Jaldo.

Pese a ello, los opositores cuestionan que los únicos sistemas de revisión de gastos se llevan adelante cuando la erogación se ha concretado.

"El hecho de que no figuren en el Presupuesto 2012 no implica una falta de rendición de cuentas; insisto: todos los ingresos y egresos de cada comuna se rinden perfectamente", señaló el ministro del Interior.