A partir de la reciente aprobación del Código de Ordenamiento Urbano, la Comuna platense creará el "Departamento de Vivienda Social", un organismo que, según se indicó, se encargará de dar asesoramiento profesional gratuito (planos, diseños y tramitaciones) a quienes accedan a los denominados "lotes sociales" y a los poseedores de un único terreno en la periferia que acrediten no contar con recursos suficientes para pagar los honorarios de esos profesionales.

Para el funcionamiento de ese departamento que requerirá del concurso de arquitectos y otros profesionales vinculados a la construcción, el Municipio destinará alrededor de $400.000 anuales, que extraerá del cobro de la tasa por Derechos de Construcción calculada en unos $10 millones anuales, según se establece en el Presupuesto 2010.

Así surge del detalle del artículo 197 del nuevo COU que regula y aclara aspectos vinculados a la creación del "lote social", como se han dado en llamar a los parcelamientos de terrenos de hasta un mínimo de 10 por 20 metros destinados a vecinos de limitados recursos económicos que quieran construir su primera vivienda.

"El lote social no surge como arte de magia sino como una política de intervención desde el Estado para atenuar las divisiones ilegales que se promueven irregularmente con la comercialización de partes indivisas u ocupaciones clandestinas, y generar una alternativa a los trabajadores cuyos niveles de ingreso son insuficientes para acceder a un crédito o para tener una capacidad de ahorro mínima que les permita acceder a un lote", señaló a este diario la concejal bruerista por el Movimiento Evita, Silvana Soria.

SIN COSTO

En el marco de la regulación del uso del lote social, Soria explicó que "es importante la creación de área de asesoramiento para la construcción de la vivienda absolutamente gratuito, para que ese mismo vecino también tenga la posibilidad de construir su casa con asesoramiento técnico y profesional desde el municipio sin costo alguno", dijo la edil bruerista por el M-Evita.

De acuerdo con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, queda definido como lote social "toda parcela de dimensiones tales que garanticen el espacio mínimo necesario para proyectar una vivienda unifamiliar, compatible con el grupo que la compone, en áreas urbanas y complementarias o adyacentes a una de ellas y que pueden admitir una edificación de interés social con condiciones de habitabilidad".

Y luego describe el objetivo, al sostener que propende "al arraigo de las personas ocupantes y al afianzamiento de la identidad barrial con el beneficio y fortalecimiento del derecho a la tierra".

PROPIEDADES

En tanto, la norma expresa que "sólo se autorizará el loteo social cuando la tierra a subdividir en parcelas de tales dimensiones sea propiedad del Estado nacional, provincial y/o municipal con destino a vivienda unifamiliar. A su vez el estado municipal podrá autorizar la subdivisión en este tipo de parcelas cuando la titularidad de la tierra pertenezca a sindicatos, cooperativas, colegios profesionales e instituciones de bien público, siempre que se mantenga el destino antes mencionado".

Además, se indica que los beneficiarios del servicio del Departamento de Vivienda Social serán aquellos que posean terrenos cuya escritura haya sido otorgada o se encuentre en trámite avanzado a través del programa de escrituras sociales de la Provincia; los propietarios de terrenos denominados lotes sociales; todo aquel propietario que posea un único lote o único inmueble; que el requerimiento de vivienda única a construir no supere los 75 m2 y los propietarios de terrenos ubicados en cualquiera de sus zonas a excepción de las comprendidas en el casco fundacional.

El Departamento de Vivienda Social deberá, gratuitamente, asesorar en la realización del proyecto, ampliación y/o remodelación de la vivienda única; en técnicas constructivas que garanticen la integridad estructural y la sustentabilidad del proyecto y en la orientación del desarrollo de los trámites para la legalización del proyecto.

PLAZOS

Los beneficiarios que sean asesorados por el Departamento de Vivienda Social, tendrán un plazo máximo de dos años para completar la legalización de su situación ante la Dirección de Obras Particulares del municipio. En caso de no regularizar su vivienda en ese lapso, tendrán que pagar las multas correspondientes y los derechos de construcción que le fueron eximidos.