Fue alcanzado tras el amparo presentado por cuatro ONGs que cuestionaron el uso de plomo y la apertura indiscriminada de días para la actividad cinegética. El 15 de octubre se conocería una resolución de Medio Ambiente.
Ambos aspectos están contenidas en un acta presentada a su homologación ante un juzgado civil y comercial local que entendió en un amparo presentado por cuatro entidades ambientalistas contra una resolución de la secretaría de Medio Ambiente sobre la temporada de caza deportiva menor en la provincia.
Más allá de las definiciones y a la espera de los resultados finales es interesante conocer el derrotero judicial del asunto que llevó a que el juzgado citara a una audiencia entre las partes y que por la provincia asistiera el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, acompañado por funcionarios de Medio Ambiente y de Producción, entre ellos el secretario de la primera cartera, César Mackler, mientras que las cuatro entidades ambientalistas fueron con sus abogados patrocinantes. “Se tuvo que habilitar una sala especial en Tribunales para contenernos a todos” relató uno de los participantes. Finalmente las dos partes flexibilizaron sus posturas y llegaron a un principio de entendimiento que deberá ser convalidado con el paso de las semanas.
La decisión final consta en un acta presentada ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la quinta nominación donde se tramitó un amparo presentado por el Centro de Protección a la Naturaleza, la Fundación Hábitat & Desarrollo, la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento y la Fundación Santa Fe Activa contra la resolución 020 del corriente año de la Secretaría de Medio Ambiente que habilitó la apertura de la temporada de caza deportiva menor en la provincia.
Las entidades consideraron que dicha resolución “afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, por aplicación de los principios de precaución, prevención, sustentabilidad y equidad intergeneracional”. En el escrito presentado a principios de mayo pidieron a la justicia que dicha resolución sea declarada inconstitucional por considerar que la presencia de cazadores de pato de todo el mundo, disparando cientos de tiros por día implica que se vuelcan toneladas de plomo todos los años en humedales naturales y artificiales.
“Las municiones, confundidas con piedritas, son ingeridas por los patos silvestres, pero también por gansos, cisnes y otras acuáticas, ingresando directamente a sus organismos, ocasionándoles severos casos de intoxicación y ya se han constatado altos índices de contaminación en nuestros patos silvestres, con graves impactos en la salud de las personas que los ingieren”, explicaron en el escrito judicial.
Lo que dice el acta
La jueza María Marcela Aylagas recibió el acta de acuerdo para su homologación con las firmas del Fiscal de Estado, Barraguirre, y el apoderado de las entidades, Néstor Baldacci, donde se pide que una vez homologado el acuerdo, se tenga por desistida la actora de la acción y del derecho contra la provincia para impugnar la resolución de Medio Ambiente.
En el acta, consta que la parte actora insiste en solicitar que se prohiba absoluta y totalmente el uso de municiones de plomo para la caza deportiva en la provincia como plazo máximo para el 1º de enero de 2012 y en cuanto a la temporada de caza sugiere que se habiliten como días únicamente los sábados, domingos y feriados. Con respecto a la presencia de cazadores extranjeros, las entidades postulan la prohibición total del ingreso y subsidiariamente, se limite a no más de mil licencias anuales para ellos.
Por su parte, la provincia, “independientemente de las manifestaciones de la parte actora, declara a su vez que conforme los estudios científicos realizados (que indicaban altos índices de contaminación con plomo de origen cinegético en patos silvestres, y que se podría estar subestimando la carga ambiental provocada por el uso de municiones de plomo en la caza menor) se encuentra abocada a la elaboración de las metas interinas y metas finales tendientes a prohibir definitivamente el uso de municiones de plomo en un plazo no mayor al inicio del año 2013 y a desalentar y reconvertir la actividad cinegética desarrollada por los turistas extranjeros” aclarando que lo hará en forma progresiva.
La provincia también se compromete a seguir determinando sus políticas públicas de manera participativa y recuerda que desde 2008 ha organizado encuentros, reuniones y jornadas con participación de partes involucradas en el turismo cinegético. Además el Estado provincial se compromete a que la fase final de las consultas previstas en el procedimiento participativo para la nueva resolución no se extenderán más allá del 15 de octubre a fin de sancionar la respectiva norma.
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