Los gobernadores nucleados en la OFEPHI (Organización Federal de las Provincias Productoras de Hidrocarburos) y las autoridades nacionales exigieron a las empresas petroleras poner en vigencia, en el término de dos años, un plan para aumentar la producción en un 15%. Esta especie de “ultimátum” apunta a presionar a las empresas que operan en las áreas concesionarias para que multipliquen su producción, amenazando con llegar a la revisión de las concesiones.
Algunos representantes provinciales se muestran críticos del rol de las compañías petroleras que actúan en sus jurisdicciones, pero no aclaran de que manera cada provincia decidirá en caso de incumplimientos.
El mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, había adelantado que su administración no revisará el grado de cumplimiento de los contratos petroleros para renegociar desde otra posición la extensión de las concesiones. El criterio a seguir será darlas por caídas cuando operen sus vencimientos a partir del 2015, y se otorgarán nuevos permisos a 30 años.
Adelantó que con la asunción del Secretario de Hidrocarburos, Jorge Borelli, se habría iniciado ya la primera etapa de análisis de todas las concesiones en las áreas rionegrinas, muchas de las cuales estarían sin cumplir con los términos de sus contratos.
Manifestó el alineamiento de Río Negro con las políticas nacionales explicando que “el primer objetivo a cumplir es que nos dejen los yacimientos en las condiciones que tienen que tener, para luego avanzar en los nuevos contratos, sus formas, plan de obras e inversiones”.
Ante la posibilidad de que las empresas no realicen los planes de inversión previstos, indicó que “van a tener que devolver los yacimientos a la brevedad”.
En otro orden Weretilneck cuestionó a las administraciones radicales que lo antecedieron por su falta de control sobre las empresas hidrocarburíferas. Opinó que se trató de una actitud deliberada de no querer cobrar lo que realmente tenían que pagar por regalías.
UN PROBLEMA QUE VIENE DE LEJOS
En realidad la actual situación se inscribe en el marco del problema energético nacional, definido como grave por los especialistas, que por su magnitud no será fácil resolverlo. Se trata de una serie de dificultades que se mantenían ocultas y que ahora han surgido a la superficie y con alarmante recurrencia. No hay gasoil, no hay naftas, disminuyó la producción de petróleo y quedó claro, que YPF, -la empresa privada o argentinizada- es un mero apéndice de la española REPSOL, que ha invertido muy poco en exploración y girado millones de dólares a España, descuidando el autoabastecimiento nacional.
La razón de privilegiar la exportación radica en la alta diferencia del precio internacional que es 3 o 4 veces superior al precio local por barril.
Hay datos de que mientras el total de reservas comprobadas del país se mantenían, las de YPF a partir de su compra por REPSOL, por el contrario descendían de manera constante. Es decir que la inversión en exploración se ha dejado de lado como prioridad.
Otro indicador es la cantidad de metros perforados. En este rubro si bien el total nacional muestra subas y bajas, YPF experimentó una franca caída en la perforación siempre a partir de la compra de REPSOL, en las épocas del ex presidente Carlos Menem.
Los últimos datos indican que la producción de petróleo viene decayendo desde hace 14 años y la de gas natural desde hace 7 años. Las reservas también se encuentran en peligrosa vía de descenso desde hace una década.
La producción de petróleo el año pasado cayó el 6%, según la Secretaría de Energía de la Nación con una disminución similar del gas. En relación al 2009 la caída en la producción de hidrocarburos fue más pronunciada: 8% en el caso del petróleo y 4,35% en el gas.
En el 2011 se gastaron unos 9.300 millones de dólares en importación de gas y petróleo, y se estima que en los próximos cuatro años, si la situación se mantiene, la suma podría oscilar entre los 40 mil a 50 mil millones de dólares. Cabe recordar que Argentina hace algunos años comenzó a importar gasoil, fuel oil y gas natural desde Venezuela y Bolivia, como mediante regasificadores.
En la cuenca que componen Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, la producción de petróleo cayó en un 5,54%. La región perdió así la supremacía nacional en petróleo crudo a favor de la cuenca del Golfo San Jorge. La producción de gas en la cuenca neuquina donde se explota prácticamente la mitad del combustible que se extrae en el país, se redujo en 2011 en un 3,18%.
El gobernador neuquino Jorge Sapag dijo que para revertir este panorama, es necesario disponer de una inversión de 20 mil millones de dólares en la cuenca neuquina en los próximos 5 años, perforando dos mil pozos.
NACION Y PROVINCIAS: LAS CULPAS COMPARTIDAS
Las políticas liberales de los `90 con su concepción de un estado desertor de sus obligaciones, dejó de ejercer su papel indelegable en el campo de las políticas energéticas.
En ese momento existían cinco mil estaciones de servicio, todo el crudo y el gas pertenecían a YPF, que perforaba doscientos pozos exploratorios por año, estando prohibida la exportación. Hoy siete empresas concentran el 92% de la producción, cerraron tres mil estaciones de servicio y cuatro refinerías poseen el 40% del volumen de combustibles comercializados en el país.
Hay sin duda responsabilidades del gobierno nacional como por ejemplo los precios regulados, el no haberles permitido no aumentar los precios de combustibles y gas a las empresas gradualmente en el tiempo, quedando los valores retrasados que obligaron a las compañías a reducir al mínimo sus inversiones. Y también, haber demorado tanto en reaccionar ante una crisis que se visualizaba como inevitable.
Hay que hablar de las provincias, que durante estos años prorrogaron concesiones y otorgaron permisos de exploración a empresas carentes de antecedentes y experiencia, y que especularon con sus tenencias. Así como algunas otras, que rifaban las reservas para conseguir adelantos y pagar sueldos de la administración pública.
Falta un cambio en la política energética, y en particular, una política exploratoria activa. El interrogante final es preguntarse si con este pacto federal de nación y provincias para exigir el aumento de producción a las empresas petroleras, será suficiente para llegar al tan perdido como necesario autoabastecimiento en la Argentina.
EN MARCHA HACIA LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN
Como si fuera el anverso y reverso de una misma moneda, hubo en el plano educativo y en forma casi coincidente, dos hechos distintos pero comunicados entre sí.
En primer lugar el lanzamiento de jornadas de espacio institucional para el análisis de un documento referido a los primeros lineamientos de una futura ley de educación. Es decir, un anticipo al debate que proponen las autoridades provinciales, para establecer pautas que regulen la política educativa rionegrina.
Quedará abierto un muy interesante intercambio de ideas al que será convocada la sociedad civil y la comunidad educativa, que incluirá además foros en distintas zonas de la provincia, para concluir en una audiencia pública que permitirá la redacción del texto de la nueva ley de educación.
En segunda instancia, y como se preveía, la mayoría de las delegaciones presentes en el Congreso de la UNTER reunidos en Cinco Saltos, rechazó la oferta salarial del 20% de aumento, que establecía el incremento del 15% en marzo, 2,5% en julio y el 2,5 restante en octubre.
Algo similar ocurrió con el gremio de los docentes en la provincia de Buenos Aires, que también rechazó la propuesta oficial en materia de aumento salarial.
Como ha ocurrido otros años, la fecha del inicio de las clases que está previsto para el martes 28 del corriente, se ve precedido de tensas jornadas y la potencial amenaza de que el punto de partida del ciclo escolar pueda ser perturbado por paro de actividades, como sucedió el año anterior en Santa Cruz y Entre Ríos.
No se puede descartar que se reinicien gestiones desde el Ministerio de Educación y el sector gremial, en busca de posiciones intermedias y permitan continuar las negociaciones, inclusive con el sistema escolar funcionando. Es de esperar que la discusión salarial de la UNTER no signifique dejar de lado la calidad educativa, un objetivo fundamental que deben preservar tanto los gremios como las autoridades provinciales.
Mientras tanto los alumnos y los padres, observan con preocupación una ves mas el “tire y afloje” de las paritarias docentes.
LA CLAVE ES LA ESCUELA SECUNDARIA
El ministro de educación Marcelo Mango sostuvo que el gobierno provincial quiere cambiar el paradigma de la escuela secundaria. Destacó que “en Río Negro se ha votado una ley nacional y se ha modificado una ley provincial, que consagra el derecho de la educación secundaria para todos los comprovincianos”.
El Artículo 46 de la Ley 4737, establece que para nivel medio se promoverá la finalización de la formación general obligatoria, la capacitación profesional laboral y la capacitación específica para el ingreso al nivel superior y la universidad. Es obvio señalar la importancia de que se ponga especial énfasis en esta cuestión, conociendo las dificultades de la mayoría de los egresados de establecimientos secundarios, que afrontan muy serias dificultades al intentar ingresar en la universidad.
Próximamente el Ministerio de Educación presentará un detallado informe, en el que reflejará la situación de cada uno de las escuelas de nivel medio de la provincia. Se destacarán en ese documento las escuelas que se incorporarán al proceso de transformación, las que se mantienen en el régimen común, así como características y contenido pedagógico o institucional de esos establecimientos.
Los esfuerzos de la cartera educativa, busca revertir un complejo diagnóstico. Por ejemplo que entre el primero y el segundo año, la mitad de los alumnos abandone, y el propio gobernador Weretilneck informó que un 60% de los ingresados a la escuela secundaria no finaliza sus estudios.
En el orden nacional se avanzó muy poco en la escolarización secundaria. Según la UNESCO nuestra graduación secundaria es inferior a la de Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Chile y Perú.
El gobierno de Lula en Brasil puso en marcha un programa que mide la calidad de cada escuela. Su objetivo es alcanzar en el 2022 el nivel educativo de los países desarrollados.
Esto no es posible en la Argentina. El Artículo 97 de la Ley 26206, del año 2006 prohíbe la difusión de este tipo de resultados por escuela. Si ocultamos las deficiencias ¿Cómo haremos para superarlas?
EN ABRIL DESIGNARÁN LOS JUECES DEL STJ
En un sistema republicano en el que un partido político halla conquistado legítimamente la titularidad el poder ejecutivo, junto a una mayoría absoluta de legisladores –como puede ser el caso de Río Negro-, es el poder judicial la única valla de contención que puede impedir eventuales abusos en el ejercicio del poder, por parte de una agrupación política.
Esta circunstancia acentúa la necesidad de ser específicamente rigurosos en la selección de los magistrados que resultarán las últimas garantías del honor, los bienes y la libertad de los ciudadanos.
El Concejo de la Magistratura tiene como finalidad esencial, elegir a los jueces por sus capacidades, y no negociar o acordar los candidatos en beneficio de un sector político o de intereses, como alguna vez sucedió en la provincia.
Ahora el gobernador Weretilneck convocó al Concejo de la Magistratura para cubrir los dos cargos vacantes en el STJ. El mandatario dijo en la oportunidad que es decisión de su gobierno que los nuevos integrantes “tengan la capacidad, la inteligencia y la actitud de asumir que, el servicio de justicia que se presta no sirve a la sociedad, ni al estado provincial”.
Esta posición crítica condice con la posición expuesta oportunamente, antes y después de la campaña electoral, por los dirigentes del FpV, severos cuestionadores del funcionamiento del máximo órgano judicial de Río Negro.
Según el decreto de convocatoria, el 12 de abril venidero el gobernador presidirá el Concejo de la Magistratura integrado además por 12 legisladores y 12 representantes de los cuatro Colegios de Abogados de la provincia para designar a los vocales del STJ.
Cumplido el plazo para las postulaciones, los interesados deberán obtener el respaldo de por lo menos el 25% de los concejeros.
El listado de los postulantes debe ser sometido luego a un periodo de impugnaciones. El decreto dejó en claro que las postulaciones interpuestas para reemplazar a los doctores Luís Lutz y Alberto Balladini serán respetadas, abriéndose una nueva convocatoria hasta el 8 de marzo.
El gobierno decidió asimismo abrir nuevamente el llamado, considerando que el actual gobernador y los nuevos integrantes del Concejo de la Magistratura, están habilitados para ejercitar su derecho de nominación.
LA IMPORTANCIA DEL PLEBISCITO
Sorpresivamente el gobernador Weretilneck dejó abierta la posibilidad de convocar al pueblo de Río Negro, a un plebiscito para que pueda expresar su opinión, a favor o en contra, y definir el polémico tema de la minería.
Se trata de una decisión importante, sobre todo teniendo en cuenta los tópicos vinculados a la preservación del medio ambiente, que han ganado un espacio sustantivo en la conciencia de la ciudadanía.
Sería también valedero, que ese mismo criterio se pudiera adoptar con otras cuestiones de interés público, por ejemplo lo vinculado con la administración de justicia, tan cuestionada en los últimos tiempos no sólo por altos funcionarios del gobierno, sino por la sociedad en su conjunto. En esta instancia de cambio, con el proyecto de reforma procesal penal y la introducción del sistema acusatorio, ¿no será el momento de que la gente participe y exprese su opinión?
Es para preguntarse, si no es necesario que la justicia deje de ser un espacio exclusivo, cerrado, para jueces, magistrados y abogados y sus colegios profesionales. Y si la experiencia no aconseja, como ocurre en otras provincias argentinas, algunas cercanas y en otros países, que el vecino común ingrese y tenga protagonismo en la justicia para oxigenar un ámbito de fuerte contenido corporativo, y muchas veces elitista.
La presencia de ciudadanos en el juicio popular por jurados, o como parte integrante del Concejo de la Magistratura, como se ha legislado en Neuquén y Chubut, ¿No significa democratizar la justicia?
Como dijo aquel estadista francés, George Clemenceau, “… la guerra es una cuestión muy importante para dejarla en manos de los militares”. Nosotros podríamos decir hoy, que la justicia es una cuestión muy importante para dejarla en manos de los abogados, los jueces y las corporaciones políticas.
Sin duda para que mucho de esto ocurra, las consultas populares son un instrumento idóneo para que la gente diga lo que piensa. Para que hable y se expida.
Bienvenido entonces el plebiscito o referéndum, como se los quiera llamar. Lo importante es recordar que “vox populi, vox dei”. (APP)
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