Compran patrulleros para Senillosa

La cárcel no funciona, pero en un decreto publicado en las últimas horas de la gestión anterior se autorizó el llamado a licitación. El complejo penitenciario lleva años terminado y desierto.
Neuquén > En una de sus últimas decisiones al frente del área de Seguridad de la provincia, Guillermo Pellini autorizó el llamado a licitación para comprar dos patrulleros para el complejo carcelario de Senillosa. Se argumentó el desembolso cercano a los 200 mil pesos a partir de “los múltiples traslados de detenidos que se deben realizar a diario”, más allá de que la prisión nunca abrió sus puertas, entre otras razones, debido a los altos costos que implicaría ponerla en funcionamiento.

La decisión de comprar los patrulleros es anterior al lanzamiento de un nuevo plan de seguridad para la provincia que hizo el ministro de Economía Omar Gutiérrez, y que se basa en la adquisición de autos, camionetas y equipamiento, todo para el segundo semestre de 2012. Los móviles para la cárcel de Senillosa fueron pedidos por la Jefatura de Policía, en los tiempos en que era dirigida por Carlos Lepén, y autorizados por la Secretaría de Seguridad, “teniendo en cuenta los múltiples traslados de detenidos que se deben realizar a diario, dando respuesta a Juzgados y Cámaras Criminales de Neuquén capital y del interior”.

El complejo se terminó de construir en noviembre de 2008. Costó más de 70 millones de pesos y nunca se puso en marcha. El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, dijo que en la provincia no había personal suficiente para cubrir las vacantes de personal para abrirla. Más duro aún fue el ex ministro Justicia, César Pérez, quien tras una recorrida junto a diputados provinciales admitió que la estructura presentaba “serias falencias en cuestiones de seguridad”. Aclaró entonces que se estaban corrigiendo y prometió un plan para ponerla en marcha.

Luego, los presupuestos 2009, 2010 y 2011 asignaron recursos crecientes al mantenimiento del complejo, pero a pesar de las sucesivas versiones y promesas de distintos funcionarios, con utilización de algunos pabellones para trasladar desde 70 a 100 presos que la justicia provincial alojaba en comisarías, la cárcel nunca se abrió.

La compra de los dos vehículos fue confirmada por el Decreto 2322/11 que el gobierno provincial publicó en el último boletín oficial del año pasado. Con fecha del 7 de diciembre, Pellini y la actual ministra de Gobierno, Zulma Reina, que hasta ese día ocupó la coordinación de gabinete, firmaron el decreto en el último día hábil de la anterior gestión. Los días 8 y 9 de diciembre fueron feriados en la administración pública, mientras que el 10 fue sábado y desde el mediodía, tras el discurso del gobernador Jorge Sapag en la Legislatura, ya había entrado en funciones el nuevo gabinete.

Acumula tres gestiones sin abrir

La construcción del complejo se inició durante el último gobierno de Jorge Sobisch, pero trascendió esa frontera. Se había licitado en 2003, a partir de un convenio con el gobierno nacional que, en tiempos de Fernando de la Rúa, había acordado el traslado de los internos de la U9 al penal.

Si bien los sucesores del fallido presidente luego desconocieron el acuerdo, Sobisch avanzó en la construcción, que llevó los cuatro años de su último gobierno. La puesta en marcha tomó otros cuatro años, en este caso, los de la primera gestión de Jorge Sapag. Y, sin novedades, ya ingresó en el tercer período de gobierno sin abrir sus puertas.

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