Los 15 años de relación entre EDECAT y la Provincia estuvieron marcados por una complicada relación que terminó en escándalo, en denuncias en la Justicia por irregularidades en la administración de la empresa y en la prestación de un servicio que fue deficiente por la falta de inversión.
Al comienzo, y muy lejos de mejorar la prestación, el servicio eléctrico provincial experimentó la falta de inversiones. Posteriormente llegarían las denuncias por un supuesto fraude para evadir multas del ENRE y hasta una cuestionada sobrefacturación por no acatar los cuadros tarifarios fijados por el ENRE.
En 2004, Sergio Taselli fue desplazado de la conducción de la empresa por su hermano Alberto. En su gestión aceptó devolver los montos sobrefacturados y luego avanzó en una larga negociación para establecer las nuevas condiciones de la prestación. Sin embargo, esta gestión tampoco pudo corregir las falencias históricas.
En octubre de 2008 estalló un escándalo gremial a partir de un reclamo salarial. Miles de usuario se quedan sin luz, por supuestos actos de sabotaje. Finalmente, el 24 de octubre de 2008, el Gobierno retomó el control del servicio de distribución de electricidad a partir de la intervención. Designó como interventores a Oscar Andreatta, por la parte técnica; Sergio Díaz, asesor legal, y al ex diputado Pablo Gaffet.
La toma de control de la distribución se dio por medio de la ejecución de la garantía. Mediante ella, el Gobierno recuperó el 51% de las acciones y nombró a los directores.
Durante varios meses los directores nombrados por Brizuela tuvieron incontables problemas para poder ordenar la gestión. Es que al momento de hacerse cargo se encontraron con que faltaban bases de datos y, sorpresivamente, aparecieron supuestos proveedores a reclamar pagos. A su vez, se realizaron denuncias penales por supuestas maniobras de vaciamiento.
El Gobierno tenía 120 días para confeccionar los pliegos de venta de las acciones clase A y decidir cómo seguiría la prestación. Sin embargo, esta operación nunca se concretó.
La empresa no pudo revertir una mala situación financiera. Por eso necesitó una millonaria asistencia estatal para pagar los consumos a su proveedora de energía, a lo que se sumaron las obras a financiadas por la Provincia.
Finalmente, a través del decreto acuerdo 2170/11, fechado el lunes 5 de diciembre, el Gobierno rescindió el contrato por la concesión de la distribución de energía "por culpa exclusiva" de la concesionaria EDECAT y creó, en la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, una Unidad Ejecutora de Gestión que se haría cargo de la prestación del servicio y de cerrar su traspaso a la nueva gestión que asumió en diciembre de 2011.
Comentá la nota