"El titular del Ministerio de Trabajo es un funcionario político que no puede determinar la ilegalidad de las ordenanzas, eso lo define la Justicia", dijo ayer Matías Civale, secretario de Gobierno municipal con relación a la advertencia de Jorge Schuster en la polémica por el blanqueo del personal de taxis y remises.

Al mismo tiempo, el colaborador lunghista aseguró que la resolución del conflicto escapa a la Municipalidad.

"Antes de hacer una modificación se hará un estudio muy exhaustivo de la legalidad", comentó el contador radical.

Especificó Civale que "el punto más crítico, la extensión de la licencia a personas físicas y personas jurídicas, está contemplado en ordenanzas de varios municipios, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Si no fue declarado ilegal en Capital Federal supongo que tampoco lo harán en Tandil", argumentó Civale en diálogo con el programa "Cada Mañana", de AM 1560.

Y defendió la figura jurídica societaria porque "es la que mejor refleja la situación real, donde hay muchos dueños de taxis que con algún ahorro invirtieron en un vehículo, al cual se sube alguien que aporta el trabajo".

La ley 19.550, de sociedades comerciales, fija el vínculo entre capital e industria. "Por lo tanto, esa figura iría con la realidad local. Si hay una modificación donde además de personas físicas la licencia puede ser obtenida por personas jurídicas, no hay ningún punto de ilegalidad", explicó el secretario de Gobierno.

Más tarde, adujo que el fondo de la cuestión, es decir, resolver este entuerto que hace a los coches de alquiler, "no es competencia del municipio, ya que el conflicto se genera por inspecciones de la Subsecretaría de Trabajo bonaerense y el Ministerio de Trabajo de Nación, donde se detectaron fallas. Esta situación deben resolverla los dueños de taxis y remises con los trabajadores, sus representantes y la cartera laboral".