Pablo Di Scala, titular de la Dirección General de Defensa al Consumidor del partido de General Pueyrredon, contó los pormenores del informe estadístico que presentaron en las últimas horas sobre las denuncias de los ciudadanos. Pero no sólo eso. Mano a mano con “el Retrato…”, el funcionario hizo hincapié en otros temas relevantes: la Ley de Talles y la obligación de mostrar los precios en las vidrieras y en el interior de los comercios.

Hace un tiempo, la oficina era casi un sello decorativo que servía para el Gobierno de turno. Pasó el tiempo y ahora da la sensación de que se está desligando de esa percepción y actúa de distinta manera. “Estamos tratando de cambiar el paradigma de la oficina. Antes trabajábamos a demanda, ahora estamos en la calle”, deslizó Pablo.

Con vistas al futuro, analizó que “buscaremos ir modificando conductas en el mercado que no generen una afectación directa en el consumidor. Tenemos que buscar una concientización en el comerciante. También que el comprador sepa y conozca sus derechos. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para que en cada local haya un cartel que manifieste que los cambios de ropa se pueden hacer todos los días y no como ahora, que muchos no lo hacen los sábados”.

Denuncias telefónicas:

“Lamentablemente, el ranking de denuncias está encabezado por el rubro comunicación, que engloba a la telefonía celular, internet y mensajería. Pero también tiene una paradoja: cuenta con un alto nivel de acuerdos. Inconvenientes que van desde problemas técnicos hasta comerciales, de facturación y promoción”, explicó de movida el funcionario que está en su cargo desde junio del 2009.

Quien también es abogado, dejó en claro que, jugando con el juego de palabras, “Claro es la empresa que mayor número de denuncias tiene” para luego contar que “en julio recibimos 264 denuncias, de las cuales 105 pertenecen a empresas de telefonía: 73 de celulares (48 acuerdos), 8 de internet (3 acuerdos) y 24 de telefonía fija (12 acuerdos)”. Lo que equivale a 39,77%. “Es una media que se mantiene en la provincia de Buenos Aires”, acotó. Posteriormente, las denuncias se reparten entre problemas con artículos de hogar, cuestiones de automotores y servicios financieros.

Luego de la estadística en números, Di Scala hizo hincapié en la labor que cumplen: “Nosotros tenemos dos intervenciones. Una es a instancia del particular del consumidor afectado, que viene, plantea su problema y nosotros abrimos una conciliación donde convocamos al denunciante y al denunciado. Así con todas las audiencias que sean necesarias. En el caso de que no haya intención de solucionar el conflicto, se analiza técnicamente si hay incumplimiento en la Ley de Defensa al Consumidor y si corresponde una actividad punitiva de parte del Estado. Es decir, de sanción para con la firma”.

En ese marco, explicó que desde su asunción hasta el momento las multas, en su mayoría, han superado los $5.000-. Claro, existen excepciones, pero son la minoría. Al respecto fundamentó que “comúnmente superamos esa cifra, si bien el denunciado siempre se defiende. Lógicamente que entre lo que yo pido y lo que da el Juez de Faltas puede ser menor”.

En ese otro orden, comentó que “la parte punitiva no se lleva enteramente en esta oficina. La autoridad local de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor es llevada adelante por dos órganos municipales: una es la Dirección General de Defensa al Consumidor, que somos nosotros, y otra es la Justicia de Faltas N° 4, a cargo del doctor. Mumare, que resuelve específicamente esto desde el 2009”.

Ahí confió que “acá, nosotros formulamos una autoimputación, si fracasada la negociación no hay acuerdo y hay mérito para eso. Entonces, a una determinada firma le indilgamos una conducta y proponemos una sanción”.

A modo general, indicó que Movistar, Claro y Personal tienden a llegar a un acuerdo, bien varía en el mes a mes. “Faltaría a la verdad si afirmo que están cerradas a la conciliación. No digo que sean puras y santas. También cuento que hubo meses con mayor índice de acuerdos que julio (48 sobre 73)”, dijo.

Ley de Talles:

“Actualmente hay un amparo con una medida cautelar a favor de la Cámara Textil, afines y todos los que la nuclean. En ese caso, el afectado es el Estado Provincial que dictó la Ley de Talles”, aclaró de movida sin dejar pasar que podrían actuar directamente si les delegan la autoridad de aplicación. “Dos o tres veces al año se dan una vuelta por la ciudad y hacen operativos. Pero como muchas veces no vienen con prensa la gente no se entera”, esbozó.

“La Dirección Provincial de Comercio igualmente ha labrado actuaciones e infracciones, porque muchas veces a nosotros nos utilizan como de corresponsal para efectuar los descargos. Es en La Plata donde está la oficina”, manifestó.

Que los precios estén en las vidrieras y en el interior:

También hizo hincapié en la obligatoriedad de los precios en la vidriera y en el interior, tema tan recurrente en las denuncias. “Si no cumplen con este requisito, directamente se les hace un acta de constatación. Tienen cinco días para defenderse antes de que de su veredicto la Justicia de Faltas. Los precios tienen que estar sí o sí en la vidriera como en el interior del local”, dijo.

“Recién este mes estamos llevando a cabo las inspecciones. Hasta el momento labramos cerca de 90 infracciones por sobre el doble de comercios visitados. Ahora estamos controlando sobre Güemes, San Juan, Centro, Tejedor, Constitución, los grandes paseos de Mar del Plata”, expuso para luego admitir que trabajan conjuntamente con inspectores del Departamento de Lealtad Comercial, ya que propios no tienen.