"Agradezco permanentemente a todos los concejales por el acompañamiento. Voy a seguir trabajando con ellos y a Comodoro lo ordenaremos entre todos cumpliendo nuestra función porque es muy difícil hacerlo desde un solo bloque”.

En referencia a la ordenanza, el Jefe Comunal señaló que “ésto nos da herramientas a nosotros para avanzar en la implementación de medidas de seguridad y acá evidentemente hay una atraso en el esquema de seguridad en la ciudad que no es de esta gestión sino que viene desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos la misma cantidad de policías que hace 5 años atrás”.

“En esta ciudad tenemos que empezar a retomar el orden, el respeto por las Instituciones y fundamentalmente el respeto por la ley y las ordenanzas vigentes”, remarcó Di Pierro.

Di Pierro adelantó que el próximo lunes citarán a los Diputados Provinciales y Concejales para debatir a fondo sobre otro de los temas que generan interés para la región: el marco regulatorio.

Durante la sesión los concejales debatieron las medidas a tomar sobre la problemática de viviendas particulares utilizadas como “vips”. La sesión fue presenciada por el intendente Néstor Di Pierro, quien ha dado a conocer públicamente su punto de vista respecto a este tema.

Sobre ésto, la concejal Viviana Navarro dijo que “la iniciativa es útil para tener un control de las personas que quizás vienen de afuera y no sabemos de quien se trata”, al tiempo que pidió a los responsables de estos lugares que tengan la responsabilidad social de poder tener este libro debidamente en regla.

Por su parte, desde el Ejecutivo Municipal, el subsecretario de Fiscalización, Ricardo Mutio, declaró días atrás que “vamos a seguir trabajando en esta línea, intensificando las medidas a través de ordenanzas municipales que se van a ir sancionando como las que ya se han sancionado hasta el día de la fecha y confiamos en que la paz social va a reinar junto con el orden”.

Como parte de la política de seguridad que lleva adelante la gestión de intendente Néstor Di Pierro, se continúa avanzando en la promulgación de la ordenanza de erradicación de los locales denominados VIP´s.

En este sentido, desde el Municipio, por orden directa del Intendente, se concretan una importante cantidad de operativos de control en vips; donde el común denominador encontrado son mujeres extranjeras en situación irregularidad en el país por faltante de documentación, falta de condiciones de higiene y salud, como así también la presencia de drogas y alcohol.

La declaración de Emergencia de Seguridad en Comodoro Rivadavia fue aprobada ayer por unanimidad por los concejales en una sesión extraordinaria. También recibieron el acompañamiento de todos los bloques otras tres ordenanzas que tienen como fin la aplicación de medidas preventivas en el ámbito de la seguridad.

La ordenanza sobre Emergencia establece en su segundo artículo que el Poder Ejecutivo Municipal convoque dentro de 15 días a una mesa de trabajo para coordinar acciones. Luego, en su tercer artículo, expone una serie de pedidos al gobierno provincial, como más policías y equipos para comisarías.

Se propone también que para contar con más personal la policía deje de custodiar edificios públicos provinciales y municipales para que trabajen en el control y prevención. Los concejales solicitaron una reunión, antes de que se cumplan los 15 días, con el gobernador Martín Buzzi y los integrantes de su gabinete vinculados con la seguridad.

En tanto que en el cuarto artículo, el Poder Ejecutivo Municipal queda encomendado en gestionar la instalación de puestos de control en la vía pública en forma continua y tres más de carácter permanente (en el acceso norte, en rutas 3 y 26 y en la terminal de ómnibus).

El texto establece que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia realice controles permanentes en la vía pública sobre el consumo de alcohol con independencia de edad del consumidor y la realización de puestos de control de tránsito permanente durante las 24 horas del día.

En el artículo cinco se dispone que el Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut implemente “en forma definitiva el servicio de emergencia 911, el servicio de videocámaras en la ciudad y la creación de un registro provincial de huellas dactilares o la firma de un convenio con la Policía Federal a fin de agilizar su puesta en funcionamiento”.

El Debate en el Consejo

La declaración de emergencia como en otras dos de las ordenanzas avaladas ayer, se establece a la Secretaría de Seguridad como autoridad de aplicación. Es decir que de Carlos Marsó dependerá la aplicación del Registro de Pasajeros en establecimientos que ofrezcan hospedaje y la erradicación de la venta ilegal de bebidas alcohólicas, haciendo referencia a los vips o prostíbulos que funcionan en casas particulares.

La novedad es que la Secretaría de Seguridad de Marsó creará un registro de infractores de “cambio de uso del inmueble”. Esto quiere decir que los propietarios de viviendas particulares alquilen esas propiedades con otra finalidad, como la comercialización clandestina de alcohol o la explotación sexual.

“El objeto del registro mencionado en el artículo precedente es llevar un control municipal de los inmuebles utilizados en el comercio clandestino, tanto por parte del propietario como de sus ocupantes, locatarios, tenedores, comodatarios o beneficiarios, tendientes a evitar el uso de los inmuebles para evitar infracciones”, dice el artículo 4.

La otra ordenanza aprobada ayer fue la creación de un Registro de Pasajeros. Es decir, aquellas personas que se alojan en hoteles, moteles, residenciales, casas de pensión o cualquier establecimiento y que no constituyan su domicilio permanente.

“El registro de pasajeros deberá estar foliado y rubricado, donde el titular del establecimiento hará constar como mínimo, nombre y apellido, número de documento, fecha de entrada y salida, domicilio real, motivo de su visita y habitación asignada. En todo caso tendrá carácter de declaración jurada”, sostiene el artículo 3.

Además, hubo una serie de modificación al Código de Procedimiento en Materia de Faltas que indica que las faltas leves prescriben en dos años y las graves en cinco. También incrementa las multas a los quebrantamientos de clausuras.