La "pasada de gorra" ya comenzó. Empresarios, sindicalistas, funcionarios y empleados públicos son solo algunos de los convocados a financiar lasmillonarias campañas a presidente, gobernadores, jefe de gobierno porteño e intendentes. Tanto el espacio liderado por Mauricio Macri como la fórmula Fernández-Fernández desplegaron a sus recaudadores, una actividad que pese a la sanción de la nueva ley de financiamiento todavía resulta un tema "tabú" en la actividad privada.

Pro maneja la caja y los números de la campaña de Juntos por el Cambio. Sus principales socios -el radicalismo y la Coalición Cívica- solo colaborarán con el aporte de fondos del Estado, aunque Elisa Carrió impuso sus condiciones: exigió "escanear" a los potenciales donantes para verificar si existen conflictos de interés y consiguió bajar los aportes por debajo del tope legal. ¿Quiénes financian a Juntos por el Cambio? Banqueros, referentes agropecuarios, las startups, algunos "unicornios" y líderes del sector de servicios figuran entre los mayores aportantes, según reconstruyó LA NACION. Nada que sorprenda demasiado si se considera que el campo, por ejemplo, fue el mayor sostén de Cambiemos en los comicios de 2017.

Si en 2015 la colecta era liderada por Nicolás Caputo, ahora es el jefe de asesores, José Torello, quien tomó ese rol, ayudado por la empresaria textil Flavia Martini. El diputado Ezequiel Fernández Langan será el responsable económico. En esos papeles, cada empresa figurará con un tope de $18 millones en la campaña nacional por las tres elecciones.

Ads by scrollerads.com

Serán las primeras elecciones con la nueva ley de financiamiento electoral que habilita el aporte de empresas. Aunque fue legalizado, los empresarios se resisten a que su nombre aparezca públicamente. "Primero reclamaron la ley y ahora tienen pruritos por cuestiones de seguridad", dicen en la Casa Rosada.

El oficialismo tendrá la ventaja de contar con el Estado de su lado. ¿Los beneficios? Los recorridos de obras y el uso de aviones oficiales antes del período proselitista, la publicidad oficial y un número impreciso de empleados públicos que trabajan para la campaña en horarios de oficina.

Para la comunicación en redes sociales y en el despliegue territorial de los candidatos, los voluntarios se mezclan con funcionarios y empleados públicos. Muchos trabajan en el edificios del gobierno porteño en Parque Patricios o militan en la Fundación Pensar.

 

 

De arquero a recaudador

Alberto Fernández delegó en Cristina Kirchner el manejo económico de la campaña. Al frente de las cuentas diarias quedó el diputado Carlos Castagneto, baluarte de la agrupación Kolina. Apenas oficializó su candidatura, la actual senadora lo llamó por teléfono para comunicarle que quería repetir el esquema de la campaña legislativa de 2017, cuando Castagneto se encargó de los números de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

Exarquero profesional y contador, Castagneto cuenta con dos activos para cumplir esa función. Por un lado, lo propuso Cristina Kirchner por su obsesión en el manejo prolijo de los números. Por el otro, los gobernadores e intendentes del PJ lo recibieron con los brazos abiertos: lo primero que hizo Castagneto fue llamarlos para comunicarles que la campaña nacional les pagará la impresión del tramo nacional de las boletas Fernández-Fernández, algo inédito.

Ese desembolso es, en la práctica, una inversión. Porque los gobernadores y los intendentes serán los encargados de acercar empresarios y otros donantes de sus distritos para solventar la primera campaña después del escándalo por los cuadernos de las coimas.

El plan para recaudar es apuntar, sobre todo, a los empresarios de las pymes más grandes. Les enviarán mails y cartas para invitarlos a que hagan donaciones por debajo del millón de pesos. Para blanquear su imagen, Fernández-Fernández elaboró un instructivo interno que fija como pauta que se acepten aportes de empresas, pero solo hasta el 20% del tope establecido por ley.

¿Y Alberto Fernández? Es el candidato a presidente, pero además conoce como pocos la cocina del financiamiento electoral. Cumplió ese rol durante la campaña presidencial de 1999 con la fórmula Duhalde-Ortega y después lo retomó durante el kirchnerismo hasta que estalló el escándalo por los aportes de la mafia de la efedrina. Ahora, el candidato designó a Juan Manuel Olmos como el responsable de interactuar con el equipo de Cristina Kirchner.

El kirchnerismo también plantea reparos: quiere el aporte de empresas, pero prefiere evitar las reuniones con el candidato. "Es una incomodidad", dijeron. Apunta a conseguir donaciones menores al millón de pesos de firmas que puedan aportar tanto para su campaña como para la del oficialismo.

Un dato más. Alberto Fernández tiene llegada directa a empresarios, pero también a sindicalistas. Uno de los pesos pesados, por ejemplo, ya le "regaló" buena parte de la asesoría en comunicación de su campaña, según confirmó LA NACION. Ese equipo -al igual que muchos otros- funciona en unas oficinas de diseño sobre la calle México. "El búnker se paga con fondos de Parte, el partido de Alberto", explicaron.