Según pudo saber Hoy, alegarán que el incremento tarifario es ilegal al no haberse seguido el proceso estipulado en la normativa vigente, que contempla la necesidad de audiencias públicas para discutir y definir los alcances de los aumentos.

Cabe recordar que está vigente un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, que ordena a la empresa Absa dejar sin efecto los aumentos de hasta 180% en las tarifas de agua, y devolverles a los usuarios los incrementos cobrados indebidamente.

La empresa aún no fue notificada debido a la feria judicial, pero se estima que el trámite se hará efectivo en los primeros días de la semana que viene. A partir de ese momento, la empresa tendrá treinta días para hacer la apelación correspondiente.

“Lo que está pasando en la República Argentina es que se están moviendo las tarifas, violentando normas constitucionales. Antes que las tarifas están los usuarios, que están siendo abandonados. Por eso estamos estudiando meter un amparo. Es el mismo concepto que hicimos con el aumento de ABSA. La audiencia pública debe estudiar si la empresa está capacitada para llevar a cabo el aumento”, le dijo a este diario Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc).

El fallo judicial de Arias se sustenta, principalmente, en lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante la ley 26.097 en la Argentina (tiene jerarquía constitucional), en virtud de la cual se determina “la obliga-ción de formular políticas coordinadas y eficaces que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas...”. Y agrega: “Resulta claro entonces que la provincia de Buenos Aires no puede apartarse del citado régimen jurídico vigente sin comprometer la responsabilidad internacional del Estado, que se deriva de la supresión de los derechos y principios consagrados en la citada convención, generando un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria de las autoridades en la conformación del régimen tarifario”.

En la sentencia, el juez Arias hizo lugar a un amparo colectivo. Uno de los denunciantes fue el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica), quien también le confirmó a Hoy su intención de recurrir a la Justicia. “Son arbitrarios los dichos del gobernador por un lado y las acciones que maneja por otro. Tampoco es muy clara la situación de Edelap, que en el lapso de doce meses pasó por tres manos diferentes, pasando de Nación a Provincia y luego siendo concesionada. De todas maneras, poco ha cambiado en relación a las concesionarias que operan en el marco de la provincia de Buenos Aires, que se siguen manejando a su antojo sin cumplir con lo que se comprometieron”, concluyó el legislador.

Reclaman investigar aumentos en celulares

El senador del Frente Amplio Progresista (FAP), Rubén Giustiniani, pidió ayer informes al Gobierno nacional sobre la fundamentación de las últimas subas de tarifas de celulares y afirmó que es “un abuso la ausencia de regulaciones propias de un servicio público”.

El legislador santafesino presentó un pedido de informe donde solicita al Poder Ejecutivo si se ha realizado algún estudio actualizado de la estructura de costos del servicio de telefonía celular que “justifique el nuevo incremento anunciado unilateralmente por las empresas prestadoras”, que en algunos casos se trata del segundo aumento desde comienzos de año.

“Hay un nuevo abuso de los principales operadores en un mercado que continúa sin las regulaciones propias del carácter de servicio público que debería tener la telefonía móvil en nuestro país”, advirtió el parlamentario socialista.