Comité de Cuenca del Arrecifes: ¿Otra vez en forzada impasse...?

Entre avances notables y paralizaciones increíbles parece discurrir el cometido del Comité de Cuenca del Arrecifes, ente que conforman los gobiernos municipales y las respectivas áreas técnicas de los distritos que, como el nuestro, están vinculados a esa cuenca hídrica
¿Otra vez en una forzada impasse? Es que entre avances notables y paralizaciones increíbles parece discurrir el cometido del Comité de Cuenca del Arrecifes, ente que conforman los gobiernos municipales y las respectivas áreas técnicas de los distritos que, como el nuestro, están vinculados a esa cuenca hídrica.

Su cometido implica dos frentes de acción: por un lado, trabajar en pos de aquellas problemáticas hídricas comunes, generando una suerte de lobby institucional y técnico para acceder a niveles o instancias de discusión y/o ejecución superiores. Por ejemplo, el plan de estudios implementado en la referida cuenca a efectos de determinar las obras de infraestructura necesarias para evitar las frecuentes inundaciones que afectan la región y recuperar millones de hectáreas de tierras productivas. Y por otro lado, avanzar en pos de la resolución de aquellas cuestiones que, manifestadas inidividual o colectivamente, a la larga implican problemáticas acuciantes que urge resolver, en tren de utilizar racionalmente los recursos hídricos de la región. Por ejemplo, la necesidad de descentralizar el control de las preocupantes perforaciones para riego artificial.

La disgresión es oportuna para resaltar la importancia conceptual que le adjudicamos al ente, marco en el cual entendemos que una de las misiones prioritarias del intendente de Rojas, Eduardo Quiri, será reactivarlo y continuar avanzando en cuestiones como las apuntadas.

Porque, es crucial señalarlo, el Comité de Cuenca del Arrecifes ha sufrido la salida de su último presidente, el ex intendente de Rojas, Norberto Aloé, hoy diputado provincial.

En el lapso que va desde la asunción de Aloé en la Cámara baja provincial a la fecha no hemos tenido noticias de que el organismo haya propiciado alguna reunión para reformular sus autoridades.

Es decir que, en líneas generales, el Comité de Cuenca del Arrecifes está absolutamente inactivo; y que inclusive el Coprone, luego de algunas reuniones de cierta relevancia, también abandonó toda iniciativa en la materia, sobre todo cuando este ente en particular había puesto sobre la mesa de discusiones la posibilidad de cobrar un canon a las firmas agrícolas que utilicen aguas subterráneas para riego.

EN SÍNTESIS

No por mentada o conocida la situación ha dejado de ser urgente en ningún momento. Desde 2005, cuando fue detectada la problemática, a la fecha, por lo menos se han cuadruplicado las instalaciones de riego artificial en este distrito.

En los últimos tiempos, se habían logrado avances desde el Comité de Cuenca del Arrecifes, que integra este distrito, el más afectado, por lejos, por esta problemática apuntando, sobre todo, a la descentralización del poder de policía y, al mismo tiempo, también había sido abierto otro frente a través del Coprone, el Corredor Productivo del Noreste bonaerense, donde se había comenzado a dar batalla por la instalación de un canon que deberán oblar quienes exploten las aguas subterráneas.

Pero aún se está lejos de lograr una estructura de control ágil, dinámica, descentralizada y, sobre todo, local, es decir, a cargo -ad referendum de la Autoridad del Agua- de los propios municipios.

En este sentido, no deja de ser preocupante la virtual paralización de las acciones encaradas con tales objetivos.

LA PROBLEMÁTICA

En nuestro distrito, como este diario lo ha consignado en distintas oportunidades, se han cuadruplicado los pozos de riego, y se han multiplicado varias veces las hectáreas atendidas por esos sistemas, según lo demostraron relevamientos satelitales efectuados por el GIS del INTA.

Por otro lado, se sabe que siguen apareciendo pozos de riego artificial instalados sin que medie, aparentemente, ninguna autorización. Esto ha generado las pertinentes denuncias de este municipio a la Autoridad del Agua, que ha intimado a los propietarios de esas explotaciones a que regularicen su situación.

Pero este contralor, así diseñado, demanda, necesariamente, tiempo, y no burocrático solamente, sino real, tiempo físico.

Y esa es la clave de la cuestión: si el poder de policía lo tienen los propios municipios, se podrá actuar con mucha mayor premura, porque aquí hablamos de la explotación de la napa freática, de la cual también se abastece la ciudad.

Los problemas dimanantes de la sobreexplotación del acuífero en este distrito -que ya no es una posibilidad, sino un hecho demostrado científicamente- son gravísimos: la mayor parte de los equipos de riego están instalados aguas arriba del acuífero, siguiendo su dinámica natural. Esto puede llegar a privar de agua a la ciudad, además de agotar la napa en una medida mayor que su posibilidad de recuperación natural, aún contando con un régimen de lluvias ideal durante varios años consecutivos.

Por otro lado, se corre el riesgo de generar contaminación por sobreexplotación, al removerse las aguas seculares: la presencia de arsénicos suele ser una prueba de ello. Si bien las mediciones indican que esos niveles están por debajo de lo que estipulan las normas, su detección es un indicador muy preocupante: quiere decir, ni más ni menos, que hay sobreexplotación. Pero esto, obviamente, redundará en la calidad del agua del acuífero, que es la que utiliza la comunidad.

Además, existe la práctica de abrir pozos, explotarlos, y abandonarlos sin el sellado correspondiente, lo cual hace que las perforaciones sean proclives a absorber contaminación externa, ya sea por agroquímicos o similares.

En suma, son varios puntos a tener en cuenta; lo positivo es que se trata de aspectos mensurables y previsibles. Pero para ello es necesario que los municipios, por una sencilla cuestión de ejecutividad, tengan la posibilidad de ejercer el correspondiente control.

En este sentido, es importante aclarar que no son, en general, los productores agropecuarios pequeños y medianos responsables de esta situación; la mayor parte de los pozos instalados en el distrito corresponden a empresas de gran magnitud.

Además, reiteramos: no es que ni este diario, ni los gobiernos municipales, ni la Autoridad del Agua, estén necesariamente en contra del riego artificial, que es una herramienta agrícola necesaria, sino de la instalación de pozos al margen de las normas.

B

Las últimas acciones enfiladas en este marco, indicaban que desde los niveles centrales y el Comité de Cuenca, en el contexto general de la Resolución 209/04, que determina el marco regulatorio para las perforaciones para riego agrícola, se había comenzado a trabajar con un grupo de geólogos pertenecientes a entidades intermedias, a fines de determinar a ciencia cierta cuál es el caudal que se puede explotar en cada distrito.

Básicamente, se trata de establecer un límite a las explotaciones del agua subterránea destinadas a riego artificial, sustentado en datos científicos y técnicos que apunten a preservar los recursos hídricos subterráneos. En buen romance, que esas explotaciones, que tiran caudales muy importantes por hora -ya que deben imitar el efecto de una lluvia regular- no extraigan de la napa más de lo razonable.

Lo que sucede es que en teoría , no en la práctica, por cada explotación se debe entregar un certificado a la Autoridad del Agua puntualizando los datos técnicos de cada pozo de riego, sobre todo los caudales que se explotan, según el referido marco regulatorio.

No debería sorprender a nadie que esos datos, por lo menos en las explotaciones instaladas en ese distrito, jamás han sido remitidos por la Autoridad del Agua.

¿Tácita resistencia burocrática para dinamitar desde la base la posibilidad de descentralizar los controles...?

LA SITUACIÓN

Y no es por capricho que se requiere contar con esos datos de manera urgente: la napa freática, en este distrito, ha descendido casi cuatro metros en los últimos tiempos. Es fundamental saber si esto se debió a la falta de un régimen de lluvias regular, o a la sobreexplotación, en resumidas cuentas.

El dato es por demás preocupante: inclusive contando con un régimen de lluvias ideal, el filtrado del agua hasta las napas subterráneas demanda... años. Así de simple y sencillo: para reconstruir unos pocos centímetros de la napa de la cual se abastecen las personas, y que ya está seriamente mermada, se requerirían muchos, pero muchos, años de lluvias ideales.

Además, cada perforación debe tener un medidor de caudal, similar a los que los vecinos tienen en sus casas, pero de nivel industrial, para conocer a ciencia cierta qué caudal arroja cada explotación. De esta forma el profesional a cargo del sistema puede saber qué caudal puede tirar esa explotación sin perjudicar el acuífero.

Pero son equipos caros y, por otro lado, ya se sabe que existe la costumbre generalizada de instalar el pozo, generalmente sin ningún control, y abandonarlo una vez que se agotó o que ya no se necesita: todo el proceso, indudablemente, contribuye a agravar aún más la situación.

Por eso se requiere que los municipios tengan el poder de policía para controlar las instalaciones para riego artificial, lo cual de momento la Ley 12.257 no contempla.

Como ya hemos indicado, hay una iniciativa y un compromiso político gestado en el marco del Comité de Cuenca del Arrecifes en tal sentido, impulsado, además, por el gobierno municipal de Rojas.

Pero que éste fragúe dependerá claramente de que se introduzca una modificación a esa normativa, lo cual, a su vez, sólo podrá impulsarse desde las cámaras legislativas.

Es decir que estamos hablando de tiempo. Tiempo material. Y ya se sabe que las cuestiones ecológicas y los tiempos políticos no suelen avanzar en armonía...

PROPONEN CANON

Como oportunamente consignáramos, el Coprone abordó a fines del año pasado en San Pedro temáticas inherentes al tratamiento de las aguas subterráneas (preservación, aprovechamiento y uso racional), en el marco de la Ley 12.257.

Se trataron en ese cónclave los principios generales establecidos en el Art. 43ero. de esa normativa, el cual versa sobre el pago de un canon, que deberán oblar en este caso los concesionarios o permisionarios de derechos de uso de aguas públicas.

Si bien se evalúa la aplicación de una tasa a quienes exploten los acuíferos de cada distrito, se considera prioritario avanzar primero en materializar en términos prácticos el contralor de las explotaciones dedicadas a riego, que es una de las problemáticas más acuciantes en este marco, por lo menos en lo que a Rojas se refiere.

Cabe recordar que los últimos datos revelados por el Instituto Nacional del Agua a los intendentes del Comité de Cuenca del Río Arrecifes indican, como hemos anticipado, que entre 2004 y 2009 las perforaciones para riego artificial, en nuestro partido, se incrementaron en un 450 por ciento.

Por ende, y como ya hemos explicado en numerosas oportunidades, se ha avanzado en la descentralización del poder primario de la Autoridad del Agua en cuanto a contralor de estas explotaciones, a los propios municipios, que de esta forma podrán clausurar, si corresponde, una explotación, esté declarada o no declarada, si se establece que incumple las normativas.

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