Luego del encuentro en el que también participaron los abogados de CTA y ATE, Rubén Marigo y Lucrecia Ranzini, los legisladores propusieron sesionar en Bariloche el 17 de agosto cuando se cumplirán 2 meses de la represión vivida, para investigar el funcionamiento de las instituciones provinciales. Por otra parte, buscarán consensuar un proyecto de declaración para reclamar que se “aparte” a los responsables políticos e intentarán conformar una Comisión Bicameral de seguimiento de la Seguridad Interior.

En la reunión mantenida con Carmen Beatriz Curaqueo y Juan Carlos Curaqueo, madre y tío de Nicolás, se dieron detalles de la represión ejercida por el personal policial y se discutieron los pasos a seguir en el marco del “Acuerdo por una Seguridad Democrática” que congrega a diputados de diversos bloques y asociaciones civiles y buscan la concreción de políticas “alternativas a la mano dura”.

En información difundida en la página de internet Noticias del Congreso Nacional se informó que los familiares expresaron que “estamos peleando para que estos casos no se vuelvan a repetir” y manifestaron indignación al ver que sus conciudadanos realizaban marchas a favor de la policía. “No podíamos creer lo que veíamos, una parte de la sociedad salió a defender a los asesinos”, habrían sostenido.

También estuvo presente Mario Cayún, el joven de 23 años que según denunció fue golpeado y quebrado en el codo del brazo izquierdo por personal policial el viernes 19 cuando se encontraba en el shopping. Cayún dijo que permaneció sin atención médica, expuesto al frío y a la quebradura durante varias horas.

Los familiares de Nicolás, también relataron ante los diputados la respuesta que obtuvieron del encuentro con el gobernador Miguel Saiz quien no asumió responsabilidades políticas y afirmó no tener “las manos manchadas con sangre”.

Ante las declaraciones de los familiares, el diputado Felipe Solá, del peronismo disidente, culpó al gobierno argumentado que “los legisladores tenemos que demandar, el Ejecutivo tiene que resolver” y recordó que durante su cargo en la gobernación “había un espacio de atención a la víctima”. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, atinó a decir que “nosotros reclamamos junto a ustedes. Pero no manejamos ni provincias, ni policías, por eso queremos caminar juntos en el camino de las declaraciones políticas”.

Desde el PRO, Silvia Majdalani, reconoció “sentir vergüenza como diputada y argentina por no saber, en lo inmediato, como reparar este problema”. El diputado radical, Ricardo Alfonsín, acusó a los sectores que hacen “demagogia” con la inseguridad. “Estoy pensando en dirigentes políticos que cuando hablan de la problemática sólo tienen como respuesta darle más poder a la policía”, exclamó. Asimismo, criticó los mecanismos de reclutamiento policial y se preguntó “¿cómo llegan a ser policías personas que son capaces de cometer estas atrocidades?”.