El Fiscal General de la Provincia, Alejandro Ficoseco, quien integra la comisión de Seguridad Pública propiciada por la Legislatura de Jujuy, mencionó algunas de las herramientas que desde allí se intenta aportar para paliar la inseguridad que avanza en la provincia, entre las que se destacan la posible implementación del número gratuito 911 para denunciar cualquier ilícito de forma más efectiva, y la aplicación firme de la ley que regula la actividad de los negocios que compran y venden artículos usados, con la intención de interrumpir la circulación de elementos robados.

Por otra parte destacó la importancia de la agilización de las causas, asegurando que uno de los debates en agenda tendrá que ver con la implementación del nuevo código procesal penal.

Tras un par de reuniones preparatorias, la comisión avanzó sobre la revisión de legislaciones vigentes en materia de seguridad, con el fin de ajustar su aplicación o bien introducir modificaciones. Al respecto, Ficoseco comentó que se avanzó sobre la ley denominada “de creación de un sistema provincial de seguridad pública”. “Hicimos las consultas acerca de cómo funciona y cómo se puede mejorar. Se ha analizado la factibilidad de traer algún sistema de comunicación de denuncias rápidamente a la policía, que es como el 911. También se habló de la vigencia y la posibilidad de aplicar con más profundidad la ley que controla los comercios que venden artículos usados, para que se evite el tráfico de cosas robadas” explicó el letrado.

De esta forma el objetivo es revisar el marco normativo para hacer efectivo su cumplimiento. “En la segunda reunión vamos a avanzar sobre estas legislaciones y sobre la ley de depósitos de secuestros, de cuáles bienes pueden ser entregados en depósito. Lo analizarán los legisladores, y si es necesario alguna modificación nosotros daremos nuestra opinión”.

Por otro lado, hizo mención al rol que le toca a la justicia, indicando que “la agilización de las causas está en agenda. Un tema importante a tener en cuenta es la puesta en marcha del nuevo código procesal penal”.

No obstante fue cauto ante las expectativas que genera el movimiento en torno a este tema. “Simplemente vamos a analizar cuáles son los problemas, haciendo un pequeño diagnóstico, tratando de colaborar con herramientas para el ejecutivo, para que puedan desempeñar mejor su tarea. Pero esto necesariamente no va a ser a corto plazo, es un análisis profundo sobre leyes, reglamentaciones y procedimientos. No nos hemos planteados plazos, porque no se pueden ver resultados espectaculares en un corto término”.

En cuanto a la necesidad de recursos que demandará todo lo que de la comisión emane, clarificó que dependerá de la índole de las disposiciones. “El nuevo Código Procesal Penal requiere recursos, la implementación del 911 también los requiere, pero hay otras cosas que no, como la puesta en marcha de la ley que regula a los comercios que venden cosas usadas. En todo caso son mínimos” concluyó.

Sólo reformando la Constitución se puede cambiar el sistema de selección de jueces

En otro orden de cosas, el Fiscal General de la provincia se refirió al debate por el sistema de selección de jueces y magistrados vigente, aportando una opinión orgánica en función de lo expresado por la Corte jujeña. “La postura es la misma que tiene institucionalmente el Superior Tribunal de Justicia, para proceder a una modificación del sistema de selección de jueces se debe modificar la constitución, que es la que lo establece. No es una ley, es la constitución la que dice la manera en la que se selecciona y designa, y la participación de los tres poderes en los cargos inferiores” subrayó.

En este sentido continuó explicando que, “los cargos que hacen al Superior Tribunal, el Fiscal General y Fiscal General Adjunto/a, son cubiertos mediante un pedido de acuerdo de parte del gobernador y la legislatura, ya que el Superior Tribunal no tiene intervención en esto”.

Y en igual tono, remarcó que “para proceder a una modificación se requiere necesariamente una reforma de la constitución”.