Luego de un extenso y por momentos infructuoso debate, la Legislatura porteña avanzó con los proyectos presentados como respuesta institucional a la confirmación del procesamiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas ilegales.

El pedido de remisión de la causa judicial a la Legislatura se aprobó por unanimidad, mientras que la invitación al jefe de Gobierno Mauricio Macri para concurrir al recinto de la Legislatura el 24 de agosto se sancionó por 36 votos afirmativos y 24 negativos.

En tanto, la creación de la comisión investigadora se aprobó en general por 36 votos positivos y 24 negativos.

Aunque se discutió una hora sobre el artículo segundo, el objeto de la comisión finalmente fue el propuesto por la oposición. Tendrá como función investigar la responsabilidad que le pueda caber al Jefe de Gobierno, ministros y demás funcionarios del Ejecutivo porteño, sobre todo en lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, sea en sus aspectos políticos, administrativos o económicos, así como los hechos investigados en la causa judicial Nº 12.466/2009 autos caratulados "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, y de hechos conexos que, sin ser objeto de reproche penal, fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la ciudad de Buenos Aires.

Para la realización de la investigación la comisión contará con amplias facultades y podrá solicitar al Cuerpo y a las Comisiones todas las medidas necesarias para hacer conducente la pesquisa. Podrá requerir información, documentación y peritajes al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de la Ciudad, así como recibir declaración de sus autoridades, funcionarios y empleados; podrá también tomar declaración a particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su contenido.

Luego de un cuarto intermedio solicitado por el PRO para llegar a un acuerdo con el número y ante la negativa de Proyecto Sur de cambiar su rígida postura, la discusión en cuanto a la integración de la comisión investigadora siguió su curso.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, propuso respetar la proporcionalidad de la Legislatura y que la comisión investigadora esté compuesta por 20 diputados. El planteo no fue aceptado por el titular del Bloque Peronista, Diego Kravetz, y allí comenzó un ida y vuelta de críticas y cuestionamientos.

El macrismo insistió una y otra vez con que se está vulnerando la representatividad y apeló a cuanto artículo de la Constitución porteña le sirvió para argumentar su postura.

El diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) mencionó que la conformación de un par de comisiones especiales da por tierra con los fundamentos del oficialismo. A lo cual el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, refutó: "La composición de esas comisiones se definió en marzo cuando los bloques eran distintos. Le está errando al vizcachazo".

En medio de tanto intercambio de artillería pesada, la diputada María José Lubertino (Encuentro Popular por la Victoria) dijo que retiraba su observación para convertirla en recomendación (¿?) y promovió en nombre de las diputadas que las comisiones tengan paridad entre hombres y mujeres. Acto seguido, la legisladora Raquel Herrero (PRO) le pidió a Lubertino que sólo hable por ella.

El jefe del bloque Encuentro Popular por la Victoria, Juan Cabandié, solicitó que se respete la Constitución, a lo que Ritondo respondió: "Me parece bien que el diputado Cabandié pida que se respete la Constitución y él tendría que hacerlo. Tendría que acordarse de que compartió el mismo bloque con Kravetz y con Cerrutti y deberían definir sólo un integrante y así se estaría respetando la representativad".

El PRO volvió a pedir que el proyecto se reserve en Secretaría Parlamentaria para intentar acordar la composición de la comisión investigadora pero la votación volvió a ser negativa.

Finalmente, se sometió a votación el artículo tercero. Con 36 votos afirmativos y 23 negativos se definió que la oposición tendrá 12 representantes y el PRO, 5.

La comisión investigadora tendrá como plazo máximo para presentar sus recomendaciones el 15 de diciembre de 2010.

A la hora de hablar del o los informes surgidos de la investigación, el oficialismo volvió a chicanear a la oposición con el mote de comisión lijadora y, en ese sentido, Ritondo ironizó sugiriendo una redacción para el último artículo: "El informe final de la oposición sugiriendo un juicio político abreviado al Jefe de Gobierno será presentado ante el Cuerpo y un diputado de la oposición reemplazará a Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo".

La diputada Diana Maffía (Coalición Cívica) respondió que "seguramente un diputado de la oposición ocupará la Jefatura de Gobierno porque se rifó la institucionalidad de la Ciudad haciendo renunciar a la Vicejefa". Inmediatamente, Ritondo dijo: "Esto comprueba que lo que se busca es un golpe de Estado porque desconocen que en la línea de sucesión está usted Presidente (en alusión a Moscariello)".

Luego se votó el despacho de mayoría recomendando el archivo de los proyectos de juicio político a Mauricio Macri. La votación resultó: 33 afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones (6 diputados del PRO decidieron no votar por ser parte de la Sala Juzgadora).

Por último, se sometió a votación el proyecto solicitando la licencia de Mauricio Macri. El archivo de la iniciativa se decidió por 32 votos positivos, 21 negativos y 4 abstenciones.

El DEBATE

La discusión fue muy extensa y tuvo de todo. Sin duda, la intervención que menos contribuyó a la búsqueda de consensos fue la del diputado Julio Raffo (Proyecto Sur), quien metafóricamente sugirió que había una "cooperativa" paralela al trabajo legislativo dirigida por el ex diputado Juan Manuel Olmos. Obviamente, su poco clara intervención fue refutada por varios diputados que le exigieron que antes de hacer planteos como este piense qué pruebas tiene para sustentarlo y de ser así que se presente en la Justicia.

Otro de los contrapuntos, que devino en una cuestión de privilegio que deberá ser analizada en la Junta de Interpretación y Reglamento, fue el que protagonizaron el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y el diputado Martín Ocampo (PRO).

Epszteyn afirmó que el macrismo parecía un tribunal militar lo cual irritó por demás no sólo a Ocampo sino a varios miembros del bloque (el diputado Oscar Zago estaba indignado), pero fue el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales quien pidió al legislador ibarrista que se retractara. Al no ocurrir esto, quedó firme la cuestión de privilegio.

Por su parte, Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), quien finge olvidarse que votó hace casi un mes a favor del juicio político al Jefe de Gobierno, afirmó: "Macri pidió su autojuicio político y como fracasó en el intento ahora quiere manejar la comisión investigadora. El PRO quiera conducir la comisión que investigue a su propio jefe político de quien dicen es inocente".

Y agregó: "Nosotros no nos vamos a prestar a ningún show pero tampoco vamos a mirar para el costado cuando hay jueces que dicen que Macri es sospechoso de escuchar ilegalmente a ciudadanos".

Por su parte, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, dijo: "No pedimos limosna. Nuestra voluntad es estar en una comisión que brinde garantías a nuestro Jefe de Gobierno, a nosotros y a los ciudadanos de que van en la búsqueda de la verdad".

"Cuando se rompe la proporcionalidad se desmorona la democracia representativa, se ataca a su legitimidad, se socava su legalidad, se le quita el contenido", dijo Ritondo, quien agregó: "Representamos el 40 % de la Legislatura. Nos quieren dar cinco miembros cuando en realidad nos corresponden siete".

En tanto, Diego Kravetz, presidente del bloque Peronista, instó al bloque PRO "a que integren la comisión investigadora, ya que es un ámbito institucional que tiene como objetivo dilucidar la verdad y las responsabilidades políticas de quienes corresponda en el caso de las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires".

"Si ellos están tan seguros de la inocencia de Mauricio Macri no debería representar ningún conflicto participar de la Comisión. Lo que creamos no es un ámbito de ataque y defensa, sino un espacio de investigación donde queremos que estén representadas todas las fuerzas políticas que integran la Legislatura porteña", explicó el diputado porteño.

Los diputados Daniel Amoroso y Mónica Lubertino, integrantes del bloque Unión Federal que responde a Francisco De Narváez, apoyaron la creación de la comisión investigadora. "Creemos firmemente que la Comisión Investigadora es la herramienta más adecuada que la Constitución de la Ciudad pone en nuestras manos para llegar a la verdad en todo este asunto", dijo Amoroso, presidente del bloque Unión Federal.

Al defender la tarea que tendrá la Comisión Investigadora, Amoroso sostuvo que "se trata, ni más ni menos, que de investigar, con los recursos legales que disponemos, hechos que son graves para la vida institucional de la Ciudad", y remarcó que "luego de este análisis será el momento de establecer si existieron responsabilidades políticas" de parte del Jefe de Gobierno.

En cuanto al juicio político, pedido por el propio Macri, Amoroso recordó que su bloque ya había votado en contra de esa iniciativa en la sesión especial del 20 de julio pasado. "Nosotros no cambiamos de posición. Hay otros bloques que sí lo hicieron, y parecen haber dado una vuelta en el aire. Un juicio político es algo realmente serio. Podríamos poner a la Ciudad en una situación de crisis institucional más grave de la que ya se encuentra", afirmó Amoroso.

El legislador Raúl Fernández (Encuentro Progresista) expresó: "Desde los inicios de su origen la Policía porteña estuvo sumergida en una profunda crisis. Por eso el año pasado presenté un proyecto de ley que proponía suspender el inicio de las tareas asignadas a la Metropolitana hasta tanto finalizaran los trabajos encomendados a la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal".

"La causa judicial se está encargando de dejar las mentiras al descubierto, por eso hace meses que impulsamos junto a otros bloques la creación de una comisión investigadora. Es imprescindible que se realice no solo una investigación sobre la responsabilidad política del Jefe de Gobierno. La Legislatura tendrá que realizar una investigación completa sobre todas y cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno en el área de seguridad desde que comenzó la implementación o puesta en marcha de la Policía Metropolitana", agregó Fernández.

El bloque Proyecto Sur manifestó: "Ratificamos la creación de una comisión investigadora, renunciando a uno de los dos cargos que corresponden según consta en el expediente con despacho de mayoría dando, de esta manera, la posibilidad al PRO de que sume un representante más, para acercar posicionamientos y respetando la representación de las diferentes fuerzas políticas".

Y amplió: "La representatividad no presupone proporcionalidad ya que de este modo sería un sinsentido que el propio investigado sea quien investigue, dirija, modifique, altere, proponga o desestime hechos de su propia investigación. Ni precipicio político, ni pelotón de fusilamiento, ni `comisión lijadora´. La creación de la comisión investigadora presupone la capacidad de esta legislatura para estructurar una respuesta responsable y madura, donde intervengan los distintos bloques con participación activa con el fin de llegar a la verdad y la justicia".

El diputado porteño del bloque Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sostuvo que "no se puede jugar con la institucionalidad, jugar con el instrumento del juicio político no es serio. No es momento de juicio político, pero aún así tenemos que dar el debate acerca de las formas en que debería iniciarse y sustanciarse".

Asimismo, Ruanova finalizó: "Sería saludable que el Jefe de Gobierno no ponga más trabas y venga a dar explicaciones a la Legislatura, y que sepa que para llegar a la verdad se necesita tener responsabilidad".

El diputado de Igualdad Social, Martín Hourest, también se refirió al tema: "Cuando se enunció el artículo 83 -inciso tercero- de la Constituyente en el ‘93, de allí salió que los mecanismos que habilitasen un proceso de investigación tienen garantizar el principio de representación y ahora se pretende corregir el sistema de representación sacrificando el sistema de proporcionalidad. Entonces lo que estamos haciendo es cerrar las vías a una lógica de impugnación malsana que está queriendo socavar la voluntad popular a una bancada, cuando esa bancada puede tomar la recomendación de una comisión representativa y aplicar la legislación por una lógica de representación proporcional. La representación en este contexto calificada por la materia de la proporcionalidad es inapelable".

"Yo entiendo que la realidad es muy compleja y estamos discutiendo sobre un diputado más o un diputado menos. Lo que quiero es valorar la honestidad del bloque del PRO pero le pido con honestidad también que le digan a Mauricio Macri que si él históricamente ha tenido el problema con el 10%, no lo transmita a la Legislatura", concluyó.