Este problema se precipitó a partir de la orden de remate que existe por una deuda de la empresa maderera Argencampo, la supuesta dueña de las tierras y en cuya posesión está incluido el pueblo de Los Toldos.

Actualmente este caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, y en un intento de frenar esta medida, los diputados en la última sesión del año pasado dio media sanción a la expropiación de los terrenos.

Sin embargo esto generó malestar entre los pobladores, que desde entonces se manifiestan constantemente, debido a que consideran que esas tierras ya son de su propiedad y el Estado al expropiar estará convalidando esta irregularidad y pagará por quedarse con una tierra que no es de la empresa.

A raíz de esto desde la Cámara Baja informaron que ya hablaron con los senadores para que el proyecto no avance en ese recinto y quede sin sanción.

Además de diputados y senadores, la comisión la integrarán el Intendente y representantes del Concejo Deliberante de Los Toldos, asociaciones Intermedias, productores, vecinos, INTA e Iglesias Profesantes.

Múltiples propiedades

Miguel Calabró, uno de los autores del proyecto, junto con Fidel Acosta, manifestó que ese problema se remonta a 1942 cuando se concretó el traspaso de Los Toldos de Bolivia a Argentina, en un intercambio que también incluyo a la por entonces salteña Tarija.

Calabró explicó que "en ese momento se estableció que se iban a respetar los títulos de propiedad de cada agricultor, pero debían tramitarlo en Salta, por diversas razones la gran mayoría no lo hizo y así llegamos a una situación actual en donde tenemos títulos de propiedad bolivianos que se superponen con los argentinos, por lo que tenemos más de un dueño en varios catastros".

"Sumado a esto estuvo una mala agrimensura realizada por Argencampo que dejó como de su propiedad a todo el pueblo, lo que desembocó en este conflicto que como legisladores tenemos la obligación de solucionar", manifestó el diputado.

El miércoles hubo una enérgica marcha de los pobladores pidiendo que el Estado intervenga en el problema, y que concluyó con una denuncia por amenazas radicada en la policía por el intendente Eleudoro Ydiarte.

Desde el Ejecutivo también manifestaron su preocupación por esta situación, e inclusive en el 2011, el fiscal de Estado Ramiro Simón Padros presentó un recurso en dos juzgados y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para detener el remate.