Esta posibilidad fue prevista luego que el proyecto de expropiación que se había presentado en las Cámaras Legislativas de la tierras (en conflicto judicial con la firma Argencampo), y que había obtenido la media sanción de Diputados, fuera rechazado por los pobladores. "El proyecto de expropiación va a quedar parado", sostuvo el diputado Godoy al referirse al desestimiento de seguir adelante con esta norma.

El conflicto se originó en 1889, cuando se comenzó a avanzar en un acuerdo de límites entre Argentina y Bolivia.

Este tratado, concretado en 1942, estableció que el territorio argentino que llegaba hasta Tarija fuera transferido a Bolivia, país que por su parte cedió los departamentos Santa Victoria e Iruya.

El acuerdo preveía que los pobladores pudieran decidir a qué país querían seguir perteneciendo y, si sus tierras habían quedado en el país no deseado, podían ceder estas tierras y recibir una superficie equivalente en el otro país.

Para ello debían presentar sus títulos de propiedad en el país elegido. Ya entonces se hablaba de superposición de títulos.

En Salta, la Dirección General de Inmuebles creó unos libros de Títulos Bolivianos, en los que asentó las declaraciones de los habitantes de la zona. Según el informe, la disputa actual es sobre tierras denunciadas en su momento por un heredero del Marqués del Tojo, Arturo Campero, que ahora están a nombre de Argencampo.

Esta es una de las razones por las cuales se rechaza la expropiación en tanto los llamados `ocupantes` asumen que los terrenos son suyos, en tanto la Provincia los reconoció en Inmuebles como poseedores.

Pero además existen reclamos de la comunidad del Arazay en particular, en tanto el proyecto de ley apuntaba a reconocer sólo los lugares alambrados y las viviendas de la comunidad, dejando de lado los terrenos que se toman como de "pastoreo comunitario".

Según lo dijo Elio Romero a Nuevo Diario de aceptar la expropiación se constituiría una estafa "a los argentinos", porque el Estado pagaría por algo que ya es suyo.

A ello sumó el malestar que existe entre los pobladores tras denuncias por amenazas que radicó el intendente, Eleudoro Ydiarte, y que ayer le fueron notificadas por la policía. Estas amenazas se hicieron tras la marcha que los pobladores realizaron el miércoles pasado en el pueblo, marcha en la cual Romero aseguró no hubo gente que el intendente nombró en su denuncia. "Está mintiendo para denunciar", aseguró al momento de indicar que "siempre estuvimos abiertos a hablar con la clase política. Pero nunca nos convocaron".