Tal como se preveía, la primer jornada del año que sirvió de continuidad al juicio que se le sigue a los imputados Jorge Olivera, Osvaldo Martell, Daniel Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, deparó la primera de las defensas de parte de los imputados, al comenzar la última y definitoria parte del proceso que se calcula terminará en abril.

En la segunda parte de la doble jornada de ayer, el ex comisario de la Policía Federal, Horacio Julio Nieto, ejerció una enérgica defensa negando con enjundia y determinación, la veracidad de su firma en un acta relacionada con el operativo que terminó con la vida del militante montonero Daniel Russo, dos días después del secuestro de la modelo franco argentina Marie Anne Erize a metros de la bicicletería de la esquina de Abraham Tapia y General Acha, el 15 de octubre de 1976.

Esa acta es el único elemento que involucra a Nieto con el “Caso Erize” y por eso el ex comisario buscó desvirtuar su veracidad.

Nieto sostuvo que para esa fecha estaba en Buenos Aires con su familia, gozando de un permiso especial que la Policía Federal les daba cada 75 días y por una semana, a quienes cumplían tareas en el interior lejos de sus familiares directos.

Para Nieto esa acta a la que calificó como “falsa e incongruente”, debió ser escrita “por quienes cometieron un error al herir al señor Russo” y que “como todo les salió mal, buscaron culpar a la Policía Federal”.

El imputado identificó elípticamente “a la policía de la provincia” en los hechos, ya que ellos si actuaban en operativos contra la subversión, cosa que la delegación de la Policía Federal tenía prohibido” y además dijo que “posteriormente presentaron ante la justicia, un nuevo acta adjuntando elementos secuestrados, lo que indica que fueron los de la policía provincial quienes actuaron”.

Para comprobar sus dichos, Nieto pidió el acta original, “porque lo que hay es una copia al carbónico sin firmas ni sellos”, lo que quedó pendiente de resolución.

Por otro lado, el ex comisario negó haber participado del secuestro del militante de izquierda Juan Carlos Cámpora de 58 años, realizado el 25 de febrero de 1977, en la sala de espera del doctor Claudio Schabelmann por uniformados, diciendo que “durante todo ese mes de febrero estuve de vacaciones con mi familia en Villa Gesell” y citó como testigos a dos vecinos del departamento que alquiló en la localidad balnearia.

Nieto dejó en claro que las delegaciones provinciales de la Policía Federal “tenían prohibido actuar en casos de represión” y que “si se enteraban de algo debían informar al Ejército y a las autoridades administrativas de la Policía”, pero que “de ninguna manera se podía participar de operativos ni hacer investigaciones en torno a ese tema”.

Finalmente el comisario Nieto que se declaró “inocente” y que dijo haber “perdido la honra por una acusación falsa e injusta”, dio una lista de pruebas en su defensa entre las que citó varias supuestas contradicciones del dirigente social Eloy Camus, tanto en su libro “Historia de las Víctimas de la Represión en San Juan”, como en su declaración testimonial del año pasado frente al Tribunal.

Graffigna

En la primera parte de la jornada de ayer, prestó una extensa y por momentos desenfocada declaración testimonial, quien fuera decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Carlos Benedicto Graffigna.

Por tratarse de un testigo de contexto, el Tribunal le permitió contar abiertamente lo que sabía de aquello años de plomo en la provincia, pero al ver que su relato se dirigía hacia su gestión personal, sus logros como decano y su historia como militante católico, y su actuación académica y administrativa, fue interrumpido y buscando ordenar su relato, el presidente del cuerpo, Alejandro Piña convocó al fiscal Dante Vega para que dirigiera la deposición con sus preguntas.

El esfuerzo de Vega terminó siendo vano al cabo de una hora, ya que el testigo negó una y otra vez conocer si Jorge Olivera y su esposa, así como otros militares o cuadros de la derecha se habían infiltrado en las filas universitarias, y solo dijo que sabía que “había como 15 o 18 alumnos que se inscribían todos los años, pero que no cursaban” y que suponía que “iban como observadores”, pero que no sabía nada de un gabinete psicológico dentro de la Universidad, donde supuestamente trabajaba la esposa de Olivera”.

A pesar del esfuerzo del otro fiscal, Mateo Bermejo y de la querellante Margarita Camus, Graffigna no entregó ningún elemento concreto de la persecución política dentro de la Universidad, salvo el hecho de que en un momento determinado se pidió desde el gobierno militar, un informe sobre los antecedentes de los profesores.

La declaración del testigo se vio luego desdibujada con las preguntas del defensor Eduardo San Emeterio, ante quien reconoció que sabía que en 1975, una camioneta de la Universidad, previo a su gestión como decano, transportó armas hacia la provincia.