El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo propicia eliminar la norma en vigencia, que contempla la designación de los directores por concursos. La defensa de los usuarios, dice el Gobierno, “estará mejor ejercida por personas con compromiso y convicción política e ideológica”.
La iniciativa oficial, que se aprobaría con el voto de los bloques Justicialista y de la Unión Cívica Radical, sostiene que la defensa de los usuarios estará mejor resguardada con funcionarios elegidos directamente por el gobernador, que en manos de “técnicos asépticos que carecen de compromiso alguno con el pueblo”.
En el mensaje que acompaña al proyecto se destaca asimismo que la aplicación de la Ley 5242 –que se busca poner nuevamente en vigencia- “ha demostrado en los hechos, de forma eficiente y eficaz el acabado cumplimiento con la finalidad prevista en su sanción”.
También se alega que la aprobación de la Ley 5517 se dio en un marco de “fuertes presiones políticas” y se recuerda que “pocos días antes de la sanción de la normativa que se propicia abrogar, la Legislatura aprobó la designación de los miembros del directorio de la SUSEPU en un todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley 5242, lo que pone en evidencia la contingencia de orden político antes señalada”.
Además de la derogación, el proyecto promueve determinar como primer mandato de los integrantes del Directorio de la SUSEPU al vigente a la fecha de sanción de la norma.
Fuentes legislativas indicaron que el Gobierno pretende una rápida aprobación, teniendo en cuenta que los mandatos de los directores del organismo ya están vencidos.
Comentá la nota