Este primer encuentro tendrá un carácter formal y servirá para que los cinco integrantes del órgano se sienten a la misma mesa por primera vez. El jurado está integrado por el juez superior Eduardo Fernández Mendía, los diputados María Silvia Larreta (PJ) y Martín Berhongaray (Frepam), y los abogados son Sergio Escuredo, de Parera, y Ana María Bonaveri, de Rancul. Los cinco jurados recibirán la denuncia que dio pie a este proceso y documentación complementaria. Luego resolverán la fecha del próximo encuentro, que deberá ser en un lapso que permita a cada uno de ellos leer la acusación y la documentación anexada.

Propuesta.

Ayer por la mañana, el bloque del Frepam decidió solicitarle a su representante que proponga a los otros integrantes que el jurado emita una declaración formal a favor de un cambio legislativo que impida que un juez que haya sido denunciado por su desempeño pueda acceder a su jubilación hasta tanto el proceso de enjuiciamiento no haya terminado. El pedido tiene directa relación con el caso del juez Gustavo Adolfo Jensen, que al igual que Flores fue acusado por los diputados pero evitó el trámite cuando el gobernador Oscar Jorge le aceptó su pedido de renuncia para acogerse a la jubilación. En otras provincias argentinas, este impedimento ya está plasmado en la legislación que regula este tipo de procesos.

Avenimiento.

Carlos Antonio Flores, en su condición de integrante del Tribunal de Impugnación Penal, fue uno de los que firmó la resolución que concedió la figura el "avenimiento" a favor del joven piquense Marcelo Tomaselli, quien merced a ese benefició recuperó su libertad y concretó el casamiento con Carla Figueroa, con quien había mantenido una relación sentimental y tenían un hijo en común. Unos días después, Tomaselli asesinó a cuchilladas a su flamante esposa, delante de su propio hijo. Tomaselli estaba preso porque había amenazada y violado a Carla Figueroa. Por ello, el "avenimiento" que solicitó por intermedio de su abogado, Armando Agüero, le permitió recuperar su libertad. El pedido de avenimiento fue rechazado por los jueces de General Pico, motivo por el cual la causa se elevó al TIP. Allí Pablo Balaguer se pronunció en contra de conceder esa figura mientras que Flores lo hizo a favor. El juez Gustavo Jensen actuó como juez de alzada y decidió el conflicto en sintonía con Flores, es decir a favor de conceder el avenimiento.

Tras el brutal crimen de la joven, diputados de las cuatro bancadas de la Legislatura provincial denunciaron a Flores y a Jensen.

Negligencia.

En la denuncia que formularon el último día hábil del año pasado, 24 diputados provinciales -de los tres bloques parlamentarios- plantearon que la denuncia se fundó en la necesidad de investigar si los jueces "actuaron conforme a derecho y teniendo en cuenta todas las leyes vigentes, así como el contexto social y la psicología de la víctima y del presunto autor del hecho".

En el escrito, los denunciantes aseguraron estar "convencidos que los denunciados (Jensen y Flores) no actuaron con la diligencia y seriedad que requería la situación planteada, que no tuvieron en cuenta la totalidad de la legislación aplicable. En definitiva, que no cumplieron correctamente con los deberes inherentes a su cargo, que actuaron negligentemente, o hasta que no actuaron conforme a derecho, lo que podría configurar un delito penal".