El único imputado que llegará a juicio oral, ante el juzgado Correccional IV, a cargo de la Miriam Ermilli, es José María Brandi, quien según la acusación era funcionario público del área Liquidaciones de Haberes del Instituto Cultural.

En el dictamen de elevación a juicio se se reveló que el monto de la posible maniobra defraudatoria sería superior a los 200 mil pesos, que resultaría de las liquidaciones de haberes a nueve “empleados” inexistentes de ese organismo gubernamental.

En el requerimiento de juicio, consentido por el juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio, los fiscales Esteban Lombardo, Victoria Huergo y Jorge Paolini dieron por acreditado que “el 26 de febrero de 2008, de manera indebida y sin respaldo documental alguno, un funcionario público del área de haberes del Instituto Cultural, cargó y dio el alta en el sistema a cuatro personas y realizó el cambio de titularidad de dos de las altas otorgadas indebidamente”.

También señalaron que similar maniobra se concretó con respecto a una mujer, que no estaba vinculada laboralmente al Instituto Cultural. Los fiscales sospechan que las maniobras defraudatorias habrían sido cometidas por Brandi.

También explicaron que los imputados Juan Sficco, Guillermina Crivos, Santiago Coste, Julieta Castagnasso, Evangelina Gutiérrez, Héctor Palomeque, María Laura Horn, Luis Pozzi y María Cristina Liporece están sospechados de ser los empleados “ñoquis”. La fiscalía cree que estas personas mencionadas no concurrían a prestar servicios al Instituto Cultural bonaerense.

Brandi habría dado de alta a esas nueve personas y liquidado sueldos mensuales de entre 3.500 y 7.000 pesos, se concluyó en la investigación previa al juicio.

Estos imputados acordaron una suspensión de juicio a prueba consistente en devolver entre 800 y 1.500 pesos correspondientes a los haberes y cumplir con labores comunitarias, y por ello no están citados a juicio oral.