En la primera semana del mes, se intensificarán las reuniones de asesores de los bloques para avanzar en los análisis de los 2.671 artículos que contiene el código unificado, para reemplazar a los actuales 4.000 del Civil y 506 del Comercial.

Los partidos de oposición mantienen hermetismo sobre las posiciones que alentarán en la comisión bicameral de 30 miembros que se reunirá por primera vez el 8 de agosto y tendrán un plazo máximo de noventa días para producir dictamen, de modo que los debates en ambas cámaras se produzcan antes del cierre del período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre.

Las objeciones más importantes que se hicieron desde que la presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de la iniciativa corrieron por cuenta del Consejo Plurinacional Indígena, que advirtió que la propuesta oficial afectaba los derechos territoriales de las comunidades originarias. La organización que tiene apoyo de la oposición se mostró en estado de “alerta” porque la iniciativa “quiere regular el tema más sentido” de los indígenas como es “el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales”.

Los puntos esenciales del proyecto proponen numerosos cambios en la concepción actual de instituciones enraizadas en la sociedad, como el matrimonio, la relación de padres e hijos adolescentes, la adopción, el divorcio, los derechos de los usuarios y legislaciones novedosas en materia de la fertilización asistida y gestación, entre otros puntos.