La concejala en uso de licencia Gabriela Bustos Arnst (FPV) no fue autorizada por el director del Hospital Penna, doctor César Comezaña, a utilizar pasajes de ómnibus solventados por el ministerio de Salud de la Provincia.

Así lo afirmó el propio titular del centro médico provincial, durante la exposición que hizo ayer frente a concejales de distintos bloques, quienes lo habían citado para explicar los alcances de los sumarios y la causa penal que se iniciaron en torno a las posibles irregularidades con los denominados pasajes sociales, los cuales están destinados a pacientes graves o carenciados.

Oportunamente, Bustos Arnst había admitido la utilización de pasajes de ómnibus a Buenos Aires y La Plata, solventados por la cartera bonaerense, aunque había asegurado que no les fueron otorgados en forma irregular.

"Por nuestra parte, no ha sido enviada en ninguna misión a Buenos Aires", dijo Comezaña, en alusión a Bustos Arnst, quien se desempeñó como administrativa de apoyo a la Asesora Legal del sanatorio, durante el año pasado, período en el cual fueron emitidos los pasajes.

El doctor le dejó a los ediles una copia del expediente judicial iniciado a partir de su denuncia por la falsificación de su firma. El mismo contiene las órdenes de servicio que están siendo materia de investigación.

Reacciones. La edil oficialista Ana Civitella valoró la exposición de Comezaña y la apertura del cuerpo deliberativo para el esclarecimiento de los hechos. Dijo que aún no se definió la postura de la bancada de la cual formaba parte Bustos Arnst. En tanto, exhortó a esperar el resultado de los sumarios y de la causa penal antes de exponer consideraciones.

El concejal Manuel Mendoza (Frente Amplio Progresista) dijo que se quedó con dudas sobre qué sucedió con los pasajes, teniendo en cuenta que figuran como beneficiarios en órdenes presuntamente falsificadas varias personas que no eran ni pacientes ni empleados del hospital, como el padre de la concejala en uso de licencia, René Bustos. El edil dijo que esos pasajes generaron una deuda de entre 14 mil y 15 mil pesos.

"Comezaña aclaró que ellos no la mandaban a Bustos Arnst, así que no sabemos a qué iba y por qué viajaba con pasajes oficiales. De corroborarse esta irregularidad, no debería seguir de licencia, sino renunciar al cargo. Aprovecharse de una función nos parece poco ético, más cuando quieren levantar la bandera de lo social y lo barrial, después de usar recursos que estaban destinados a los más necesitados", indicó Mendoza.

Por su parte, Raúl Woscoff (Integración Ciudadana), consideró que el cuerpo de concejales tendrá que evaluar la conducta de Bustos Arnst.

"En función de la licencia que ella misma ha solicitado, con el acopio de información, va a tener que tomarse una decisión. De todas maneras, al Concejo le faltan algunos elementos porque ha pedido las actuaciones sumariales que se desarrollan en la UFI Nº3. La visita de Comezaña era el primer paso", indicó.

Prueba testimonial

La causa penal en la que se investiga a Gabriela Bustos, que tramita el fiscal Oscar Bautista Duizeide, titular de la UFIJ Nº 3, cobrará impulso la semana venidera.

Para el martes, el instructor del expediente tiene previsto tomarle declaración testimonial a María Isabel Carballo y María Angeles Ortiz, secretarias del Hospital Penna, quienes también deberán ser sometidas a sendas pericias caligráficas.

En el expediente constan 13 formularios, usados en 10 meses, que aparecen firmados por la Bustos --además de otro que lleva el nombre de su padre, René-- cuando se desempeñaba en el área de asesoría del sanatorio y que presentarían la firma falsificada del director César Comezaña.

Se investigan los posibles delitos de hurto (por el faltante de certificados originales) y falsificación de documento (por las supuestas firmas apócrifas).

Todos los traslados son hacia Buenos Aires, en coches cama de la empresa Plaza y algunos con la vuelta incluida. En varios casos, la dirigente aparece como "Gabriela Bustos Arnst" y en otros, como "Gabriela Bustos", aunque siempre bajo el mismo DNI: 29.776.892.

La concejala, en su descargo, aseguró públicamente haber trabajado en el sanatorio durante un año aproximadamente y reconoció que "cuando he tenido que hacer alguna actividad fuera de Bahía Blanca, sí (los usé). Ahora, éstos (los mencionados en la investigación judicial), puntualmente, no sé".

En el sumario judicial, que se instruye con conocimiento de la jueza de Garantías Gilda Stemphelet, se incluyen más viajes, realizados el año pasado por distintas personas, en especial a la zona cercana --mayoritariamente los partidos de Villarino y Carmen de Patagones--, que también son materia de análisis.