Comerciante local involucrado en estafa con 4200 h de tierras fiscales

ESTRATÉGICO La Justicia busca develar el rol asignado a cada eslabón. Se vienen pericias e inspecciones a las tierras en pugna.

Una supuesta defraudación de varios millones de pesos en perjuicio del Estado habría sido perpetrada con 4.200 hectáreas fiscales, por la cual la Justicia investiga a una banda de escribanos, empresarios cordobeses, porteños, incluido un comerciante santiagueño. Así lo revelaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, señalando que el epicentro se ubica en el paraje San Ramón, departamento Pellegrini.

Todo habría comenzado en el año 2006 cuando 3.000 hectáreas fiscales habrían sido ofrecidas a una supuesta empresaria oriunda de Yerba Buena, provincia de Tucumán.

En menos de seis meses, la mujer habría adquirido (¿?) las tierras, pese a que su naturaleza era fiscal y, por ende, de imposible venta a particulares.

Sin que trascendieran detalles del porqué de tamaña negligencia, con el tiempo la tucumana (quien se consideraría “compradora de buena fe”) habría vendido las 3.000 hectáreas a un comerciante santiagueño, con contactos fluidos en la compra y venta de campos.

Con resortes legales en que reluciría la impronta de los escribanos investigados por la Justicia en apenas 30 días, a través de una sugestiva cesión de derechos y acciones, el santiagueño (segundo comprador de “buena fe”) habría concertado una nueva operación.

Antes, habría incorporado a su patrimonio de 3.000 hectáreas, otras 1.200 también fiscales, cuya naturaleza no habría sido justificada -hasta allí- en la documentación, siempre confeccionada por abogados y escribanos.

Y aquí emergen los aspectos grises de las sucesivas operatorias, ya que sorpresivamente el comerciante santiagueño habría loteado las 4.200 hectáreas dividiéndolas en tres.

A fines del 2011, uno de esos lotes habría sido “vendido” a un empresario porteño y los restantes a otros poderosos compradores, sin que trascendieran aún sus identidades.

Cuando soplaban vientos a favor de la triple operación, meses atrás sobrevino la presunta usurpación de 1.200 hectáreas que desembocó en una denuncia Penal en el juez Ramón Tarchini Saavedra y otras dos acciones ante la Dirección de Bosques.

De inmediato, la Justicia posó su atención sólo en las 1.200 hectáreas en aparente litigio, pero luego desde una visión global amplia advirtió que la historia tendría un trasfondo que iría mucho más allá de una mera usurpación.