A más de un mes de la presentación del Recurso de Amparo contra el decreto que regula la limitación de venta de bebidas alcohólicas en la ciudad Capital, del cual aún la Justicia no se ha expedido, el comerciante manifestó: “Siento que es una persecución hacia mi persona, porque sin motivos aparentes insisten en cerrarme el local, es increíble que estas cosas sucedan”.

Ante los cierres, Daniel Rivera decidió enviar al juez de Faltas a cargo del Juzgado Nº2, mediante nota formal, la solicitud de “copia de la resolución final, respecto a la clausura de la firma ATON –ZEN SRL, por la cual abonamos la suma de 1.350 pesos”, a los fines de conocer los motivos que llevaron al cierre del local, según quienes labraron el acta correspondiente.

En dos oportunidades en el lapso de una semana, y una en la que Rivera logró impedir el procedimiento, el local fue clausurado por inspectores del área de Inspección General de la Municipalidad de la Capital. Según las declaraciones del comerciante, “las camionetas con inspectores pasan todo el tiempo por frente el negocio, a mí me parece bien que hagan los controles; pero en las ocasiones en que me clausuraron el local, las razones que expusieron los inspectores eran inventadas. Una noche voy a estar vendiendo caramelos y me van a clausurar el local” comentó.

Para fundamentar la acusación en contra de los inspectores, Rivera aseveró: “las veces que me cerraron el local, fue porque encontraron gente ingiriendo bebidas alcohólicas cerca de mi negocio, a pesar de que las personas dijeron que no habían adquirido las bebidas en mi local”, argumento con el cual realizó una exposición policial en la Comisaría Cuarta para dejar constancia de lo sucedido.

Daños ocasionados

Es evidente la molestia del comerciante de la zona alta de la ciudad ante el accionar de los inspectores. En relación a ello, Rivera indicó: “Esta situación me ocasiona daños de distinta índole; en primer lugar, a la imagen del negocio, no es bueno que los vecinos vean que cada dos por tres está clausurado, porque pueden llegar a pensar que es mercadería en mal estado, por falta de documentación para el funcionamiento; los vecinos no saben de esta situación”.

Por otro lado, mencionó: “El costo de las multas, las cuales ascienden a los mil pesos cada una, es un gasto que debemos hacer para poder seguir trabajando, además de los inconvenientes que causa no poder trabajar las horas o días en que el local está cerrado”

Para finalizar, Rivera advirtió: “De seguir así, me veo obligado a cerrar el local, porque de esta manera no puedo seguir”.