El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia comenzó a juzgar ayer a las 11 a los ex funcionarios, empresarios y comerciantes acusados de distintos delitos en la causa que investiga la utilización de adelantos con cargo a rendir por un monto total de 550 mil pesos durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo.

En la jornada inaugural del juicio se dio lectura a la acusación promovida por el fiscal mayor Guillermo Massimi, quien le imputó la comisión de defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de estafa y falsificación ideológica de documentos públicos y privados a los quince acusados.

El ex secretario de Obras Publicas, Pedro Bernal, y el ex subsecretario del área en Ushuaia, Jorge Domínguez, fueron acusados también de presunta violación de los deberes de funcionarios públicos, al haber efectuado contrataciones por afuera de las normas legales vigentes. Ambos están presos a raíz de una condena anterior.

Después fue el turno de las declaraciones indagatorias, en las que se escucharon los descargos de los implicados en relación con los diecisiete hechos que se les imputan.

La causa analiza la contratación de diversas empresas constructoras para realizar obras de reparación en instituciones policiales, durante el último mes de 2004. Muchos de esos trabajos no se habrían realizado.

Solamente Domínguez y el comerciante Omar Calquin, prestaron declaración ante los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Javier De Gamas Soler. El resto de los imputados se negó a declarar, salvo cuatro de ellos que lo harán hoy a la mañana.

Domínguez puntualizó que las obras públicas cuestionadas responden a solicitudes que realizó un integrante de la Policía "de apellido Maldonado" encargado del área de mantenimiento.

El ex subsecretario explicó que los expedientes eran armados por el director de administración del Ministerio, Luis Bernal, y que si bien se pueden haber cometido errores, las obras se terminaron en su totalidad.

Según el ex funcionario, el Tribunal de Cuentas primero, y la Justicia después, retuvieron los expedientes administrativos y le impidieron hacer un descargo, como sí ocurrió en casos "donde la situación pudo ser aclarada".

"Los ítems de algunas obras no se pudieron ejecutar tal como estaban presupuestados porque había que hacer tareas preliminares que no se habían tenido en cuenta" admitió Domínguez ante los jueces.

Testigos

Uno de los acusados, Roberto Obligado, no se presentó en la audiencia porque se encuentra internado en Resistencia, Chaco, afectado por una neumopatía, según informó su defensor oficial, Guillermo Echagüe.

El tribunal dispuso realizar un exhorto al juez de turno en la provincia norteña para que se verifique si Obligado no está en condiciones de afrontar el juicio.

Por su parte la ex contadora general durante la gestión colacista, Andrea Fabiana Page, a quien acusan de malversación culposa de fondos públicos (un delito menor) por no haber controlado el pago de los adelantos, fue sobreseída por prescripción y su caso no llegó a juzgarse en forma oral y pública.

Según fuentes de la causa, los jueces estiman comenzar a recibir los testimonios a partir del viernes 28, y durante el lunes 31 y miércoles 2 de junio. Con posterioridad tendrían lugar a los alegatos y luego el veredicto.

Calcadas

Según el requerimiento fiscal, las maniobras se concretaron bajo una modalidad muy similar. Las actuaciones comenzaban con una nota firmada por Domínguez, en la que solicitaba autorización para realizar distinto tipo de trabajos en dependencias policiales.

Cada pedido era autorizado por el secretario Bernal. Con posterioridad se presentaban tres presupuestos y uno era elegido para realizar la obra. Los expedientes finalizaban con la facturación de las tareas y el cobro por parte del representante de la empresa o comercio.

Sin embargo, la acusación sostiene que tanto el Tribunal de Cuentas como la propia Policía (según el caso) verificaron después que los trabajos no se habían realizado (catorce hechos) o se habían efectuado de manera parcial (tres hechos). Este será un punto central de discusión en el juicio porque muchos de los acusados argumentan que las obras se ejecutaron.

En relación con los presupuestos y las facturas, varios de los imputados sostuvieron haberlos presentado legalmente, aunque pericias agregadas a la causa indican que los documentos habrían sido confeccionados de puño y letra por el propio Domínguez.