Comenzó el juicio por trata de personas

En la primera audiencia del juicio por trata de personas en el cabaret "El Rancho" de 25 de Mayo, su propietario Javier Ulrich negó que las jóvenes que vivían en ese lugar estuvieran en situación de esclavitud y fueran obligadas a prostituirse. "Yo quería que salieran de ese ambiente", aseguró el acusado ante el Tribunal Oral Federal de La Pampa.
Dijo que las chicas podían irse cuando quisieran, recordó que después de su detención ellas mismas abrieron el local durante 15 días, y aseguró que dentro del local nocturno no había relaciones sexuales. Su ganancia, manifestó, estaba en los tragos que tomaban los clientes.

"Las chicas no estaba secuestradas, podían irse cuando quisieran", fue la frase que eligió Javier Ulrich para retrucar la acusación en su contra de ser el responsable del "trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de siete jóvenes, todas de condiciones humilde y provenientes de países limítrofes, en el local nocturno que había abierto en 25 de Mayo. De 43 años y oriundo de Winifreda, Ulrich fue procesado en junio del 2009, pocos días después que una joven boliviana asegurara ante la Policía que era obligada la prostitución. La joven se "quebró" en la sede policial, a la que había concurrido para hacer un trámite migratorio. La acusación señaló el sometimiento de esa chica y otras seis, en este caso de origen paraguayo.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de La Pampa, conformado por varios funcionarios judiciales de provincias vecinas a raíz de la carencia de magistrados locales. El Tribunal está integrado por el pampeano José Mario Tripputi (presidente), Raúl Hilario Fernández Orozco y Mario Armando Márquez (vocales). Fernández Orozco pertenece al TOF de Bahía Blanca y Márquez al de General Roca. La Fiscalía de Cámara está a cargo de Jorge Bonvehi, mientras que el defensor oficial federal Oscar Tomás del Campo, oriundo de Buenos Aires, representa a Ulrich.

La jornada de indagatoria y testimonios comenzó y terminó ayer. Hoy será la audiencia de alegatos. Comenzará a la hora 9.00.

Gimnasio.

Para defender su posición ante los jueces federales, Ulrich aseguró que nunca tuvo a las jóvenes secuestradas y que no las engañó ni presionó para someterlas a la prostitución. De hecho, dijo que en el local donde funcionaba "El Rancho" no se concretaban las relaciones sexuales y que a las piezas de las chicas sólo podían ingresar sus novios.

Para refutar que las jóvenes estuvieran amenazadas y no tuvieran posibilidades de alejarse de allí, Ulrich comentó todas las oportunidades que tenían para irse sin dar explicaciones. No sólo que disponían de plena libertad para sus movimientos -comentó que algunas de ellas iban a un gimnasio de la localidad- sino que incluso otras viajaron solas a Buenos Aires para realizar los trámites migratorios. Esa hubiera sido -señaló- una oportunidad perfecta para tomar un colectivo e irse, o bien concurrir a una sede policial y denunciar la situación en que supuestamente se encontraban en 25 de Mayo. Sin embargo, prefirieron volver a La Pampa y continuar con su trabajo en "El Rancho".

En pos de mostrar una imagen diferente a la que trasluce la acusación dijo que constantemente aconsejaba a las chicas que se alejaran de la prostitución y buscaran otras formas de vida. Habló de la noche, de cómo deteriora a las personas, y de que él mismo ya estaba cansado y quería volver a su actividad original, el manejo de un establecimiento rural.

Detenida.

Después de Ulrich declararon seis testigos -aportados en su mayoría por la parte acusadora, y por la tarde lo hicieron cinco más -propuestos por la defensa. La joven boliviana que disparó esta causa no integró la nómina de testigos. Esto dio pie a un pedido de la defensa de Ulrich para evitar el juicio por entender que con esa ausencia no se garantizaba su derecho a defensa, pero el Tribunal no dio curso al pedido.

Entre los testigos estuvieron dos oficiales pampeanos que integran el Equipo de Asistencia de Incidentes Críticos (Edaic), un cuerpo de la Policía pampeana que actúa en este tipo de situaciones. Luego lo hicieron las jóvenes que según la acusación también estaban sometidas a esclavitud con fines de explotación sexual y también jóvenes que trabajaron en el lugar.

Una de estas fue aportada por la defensa de Ulrich para mostrar otra versión de lo que sucedía allá adentro. Sin embargo, la joven entró en tantas contradicciones e inexactitudes que se generó una situación de tensión con los jueces del Tribunal. Cuando se lea la sentencia, los jueces resolverán si inician una investigación por falso testimonios contra esta chica.

Bravo, más complicado

La situación continúa complicada para el intendente de 25 de Mayo, David Bravo, actualmente procesado por el delito de abuso de autoridad, ya que podría quedar inhabilitado de su cargo en los próximos días. El Tribunal de Impugnación Penal informó ayer a LA ARENA que rechazó un pedido de nulidad de la medida tomada por los jueces y no le concedió el recurso de casación para que su caso sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia. Los abogados del jefe comunal ahora podrían ir presentar una queja a los ministros del máximo órgano del Poder Judicial para intentar salvar su situación.

Ayer fuentes judiciales informaron que las notificaciones sobre el procesamiento en firme de Bravo fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de General Acha, a cargo del juez Alvaro Reyes, y que serían remitidas por esas horas tanto a Bravo como al Concejo Deliberante.

En 25 de Mayo aguardan esa resolución ya que por el artículo 118 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento, apenas quede firme el procesamiento de un jefe comunal este es separado o inhabilitado en su cargo. Para eso, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo debe hacer una sesión especial, que podría realizarse a fines de esta semana si la resolución judicial es informada en las próximas horas a ese cuerpo.

La situación de Bravo se complicó el mismo día en que comenzó el juicio por trata de personas contra Javier Ulrich, el dueño del cabaret El Rancho. Precisamente ese fue el local habilitado por Bravo y por lo que fue procesado por abuso de autoridad ante las anomalías en el otorgamiento de la autorización comunal.

En la investigación abierta luego que fuera detenido y procesado Ulrich, el juez Reyes había considerado que no había elementos para inculpar a Bravo, pero la fiscal Ana Laura Ruffini recurrió esa resolución a principios de abril, y el expediente llegó al TIP. Los integrantes de ese tribunal revirtieron la decisión de Reyes y procesaron al intendente. A pesar de los planteos presentados, estos fueron rechazados por los magistrados.

Ahora, Bravo, que había dicho que dejaría su cargo si así lo determinaba la justicia, podría ir en queja al STJ. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante de 25 de Mayo aguardan la notificación para suspenderlo.

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