En total se trata de unas quince demandas que agrupan a distintos damnificados, las que en conjunto representan un reclamo del orden de los 3 millones de pesos por daño moral y perjuicios. Sin embargo, en las dos primeras jornadas no se presentó ninguno de los testigos convocados para esas audiencias. En total se prevé escuchar casi 250 testimonios.

Repercusión nacional

Los hechos que originaron el proceso judicial se produjeron en la mañana del 5 de enero de 2006, cuando la policía provincial desplegó un amplio operativo para desalojar a las familias que habían ocupado ilegalmente las viviendas. Habían entrado a ellas porque unos días antes sus ranchos habían sido destruidos por un temporal, y nadie --ni en la Municipalidad de Vilelas ni en el gobierno provincial-- les dio asistencia para volver a levantarlos.

La represión se ejecutó con gases y balas de goma, y varios hombres y mujeres resultaron lesionados. Incluso, una joven habría perdido su embarazo en esa ocasión. También fue baleado en una pierna el fotoperiodista Germán Pomar, de NORTE.

Los acontecimientos tuvieron una amplia repercusión en los medios de todo el país, y fueron condenados por el gobierno nacional. No obstante, el entonces gobernador Roy Nikisch y su ministro de Gobierno Hugo Matkovich respaldaron el accionar policial.

Las demandas van dirigidas contra el gobierno de la provincia y la Policía del Chaco. Algo que llamó la atención fue que en las dos primeras jornadas de audiencias los testigos propuestos por los abogados de quienes iniciaron las acciones no hayan asistido. En el tribunal suponen que pudo haber ocurrido que la parte actora no distribuyó las cédulas de citación correspondientes. La semana próxima se verá qué sucede con los testigos que siguen en la lista.