Si el 8 de noviembre pasado el gobierno provincial se preocupó al escuchar en las puertas mismas del edificio gubernamental el fuerte reclamo social mediante cacerolas y bocinazos por primera vez en varios años, la vuelta a la inmovilidad de los formoseños reflejada en la protesta del martes pasado llevó hacia el Quinto Piso la tranquilidad necesaria al comprobar que todo había vuelto a su cauce normal.

“Fueron los mismos de siempre”, aseguró con un gran dejo de alivio un diputado provincial que fue consultado por este medio para que analice el impacto del paro nacional convocado por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli.

A juzgar por los números (alrededor de 300 personas), los organizadores de la concentración y movilización en la capital deberían analizar los factores que llevaron a que los disconformes del 8-N no hayan salido a las calles, aún cuando había muchas similitudes en las proclamas de los reclamos que le querían elevar al gobierno nacional.

El mensaje que quedó emergiendo, aún con la escasa convocatoria, fue que el cansancio de los ciudadanos hacia algunos ejes de la gestión de Cristina en primera instancia y de Insfrán en segundo plano, es que no desean encuadrarse detrás de un partido ni una figura política (tirando por tierra la actitud desestabilizante por parte de la oposición del que hacían mención los mandatarios), sino piden simplemente ser escuchados y que sus demandas sean atendidas por quienes tienen la obligación de hacerlo.

El 8-N evidenció la división sectorial en Formosa aún cuando los reclamos se direccionen hacia un mismo sentido. A modo de ejemplo: los empleados judiciales y bancarios ( los que gozan de los mejores sueldos) acataron el paro decidido por sus jefes en Buenos Aires, pero no se movilizaron por las calles de Formosa para exponer públicamente las quejas que llevaron a plegarse a la convocatoria nacional.

Luego del arreglo de un incremento del 6% a sus salarios, los judiciales “pararon pero no marcharon”, dejando a la deriva a los otros sectores que pugnan por ayudar a sus bolsillos en la lucha contra la inflación. “No aprendemos más. Acá es “Sálvese quien pueda” y como ellos ya lograron un aumento no están acá”, comentaba con mucho fastidio un representante de uno de los gremios que llamaron a marchar hacia el edificio de la calle Belgrano.

Chantajes y amenazas

Otro gremio que también “hizo de las suyas”, fue el de Camioneros. Tal como los judiciales y bancarios, no se plegaron a la movilización hacia el centro y decidieron ubicarse en puntos estratégicos para mostrarse y aprovechar la volada de ejercer presión en los comercios para beneficio propio, buscando mejorar el números de representados, para engrosar sus “cajas” con los descuentos obligatorios por planillas.

Mientras que en Clorinda fueron literalmente “echados” de varios comercios grandes por sus dueños, ante la intención de acampar en frente de los mismo, en la capital, los representantes de los choferes, se afincaron en el acceso principal del Híper Cáceres hasta casi terminar la jornada laboral, impidiendo la entrada y salidas de vehículos, sin desentrañar si eran clientes o trabajadores, desvirtuando el mensaje original ideado por su líder Hugo Moyano, para evitar prácticas que estuvieron de “moda”, cuando vivía el ex presidente Néstor Kirchner.

El mensaje del gremialista está orientado a conseguir “simpatías” en la clase media. El jefe de los camioneros ahora posee intenciones políticas y se lo hace saber a su principal contrincante: la actual presidenta Cristina Fernández, quien caratuló al paro como una amenaza y un chantaje. En Formosa, quedó demostrado que la presidenta algo de razón le participa.

A diferencia del 8-N, el 20-N dejó fortalecido al gobierno provincial al comprobar que prevalece en el gen del formoseño una paciencia infinita por sobre la capacidad de revelarse, aún cuando los mismos admitan casi con voz inaudible su condición de “víctimas” del Modelo.

Cazando en el zoológico

La actitud asumida en estos últimos tiempos por la administración provincial en materia económica tiene como matriz la de ir en búsqueda de más dinero entre aquellos que ya aportan el fisco.

Reforma fiscal, tasas diferenciadas de ingresos brutos, cambios de comisiones para agencieros de quiniela, elevación de coeficientes de impuesto inmobiliario, nuevas tasas en la comuna capitalina y la lista sigue en espera del revalúo de las propiedades rurales y urbanas.

La búsqueda de más plata entre los que ya están inscriptos ante la Dirección General de Rentas muestra un cambio de actitud por parte del gobierno provincial, cuyo instructor es su ministro de Economía Jorge Ibáñez, quien ya paladea y ha comenzado a transitar la senda de apretar más donde algo hay de dinero. Por supuesto, no es libre pensador, practica a “rajatablas” instrucciones de sus escasos superiores.

Comerciantes, cuentapropistas, agencieros, productores ganaderos y agrícolas, entre otros son hoy el objetivo de los recaudadores que nada hacen para ir en búsqueda de los que se encuentran al margen del sistema impositivo provincial o del alcance de las administraciones comunales. Los informales, además de urdir contra los emprendedores legales, como competencia desleal y al margen de controles fiscales, gozan de las cordialidades de los actuales dueños del poder. Si eso no existiera, quizás los ingresos públicos de la actual administración, no tendría necesidad de apalear tanta voracidad fiscal.

Cazar en el zoológico es fácil, hasta casi de rutina. Saben donde está cada contribuyente, le apuntan y disparan. Sin considerar que ese contribuyente se encuentra transitando uno de sus peores ejercicios económicos.

Alta inflación, salarios públicos carcomidos por el impuesto inflacionario y una sequía de fondos en las calles pasado el 15 de cada mes, es algo que los que deciden salir a buscar más plata no reconocen, porque no lo padecen.

“Marche una Ley y

una Ordenanza….!!!”

Dicen que no es necesario tener hambre para saber lo que es el hambre. Pero en temas como las pesadas cargas tributarias, solo saben de las necesidades, los que la padecen en cada vencimiento de cargas sociales, impuestos nacionales, provinciales, municipales y pagos de los servicios públicos.

Sacaron una reforma fiscal inconsulta, casi se podría decir que “de apuro” en la Legislatura, ahora una vez sancionada se acordaron de llamar a algunas entidades gremiales, la mayoría dirigidas por “amigos”, para explicarla. Antes nada, en tan solo seis horas de trámite parlamentario Formosa emitió cambios tributarios que serán el padecimiento de muchos a partir del primero de enero. La oposición se enteró del proyecto en la legislatura, cuando se sentaron para ser meros espectadores. Una descortesía total en esta llamada “democracia’. El ministro Ibáñez, ha dado la orden de ir en búsqueda de ese dinero que necesita el gobierno para el año electoral 2013. Esos fondos extras que casi de libre disponibilidad, necesitarán para lograr retener en las urnas las bancas que ponen en juego en el Congreso de la Nación y donde temen que desde la oposición le despojen de una de esas diputaciones. El efecto “Buryaile” del 2009 caló hondo en el Quinto Piso y no desean tener sorpresas electorales.

El ministro de economía y servicio públicos, sabe que desde Buenos Aires ya tienen un límite para sus ingresos provinciales; se lo han advertido y por eso mete la mano en el bolsillo del contribuyente de Formosa. Ese mismo que a duras penas puede afrontar sus compromisos nacionales con la AFIP y la ANSES y que ahora tendrá en la DGR a un nuevo y activo controlador de sus operaciones comerciales, que también incluye entre sus acciones la posibilidad de clausura de negocios. Similar ‘instrumento”, que esgrimirá a partir de las primera horas del 2013, el “lord mayor capitalino”.

Interior profundo

Es tal la voracidad del fisco provincial en la actual etapa, que están por hacer uso de dineros de los municipios. Se están por quedar con el 2 % de los fondos que constituían los ATP, Aportes del Tesoro Provincial, dinero que era usado discrecionalmente por el Ministerio de Gobierno en algunos casos de emergencias financieras y/o políticas en algunas localidades.

Es intención de Ibáñez que ese millonario 2 % de los ATP sea usado para pagar el servicio de alumbrado público de cada municipio enviando así partidas extraordinarias a las gavetas de REFSA.

Así los intendentes perderán un dinero que irá –con el argumento del pago del alumbrado público comunal- a las manos de gentes ligadas al actual ministro de economía, para –supuestamente- mejorar la prestación del servicio de energía.

Con esta maniobra, otra vez los municipios pierden dinero a expensas del gobierno provincial que opera hoy como una gran aspiradora de fondos del circuito comercial y económico de Formosa con el objetivo de financiar un Estado que gasta y gasta, casi sin control. Evitar los sobreprecios y los “peajes” en las contrataciones puede ser un procedimiento para impedir escases en las cajas, pero no es menos cierto que también pueden debilitar los bolsillos de los constructores “amigos, y principalmente de los “funcioempresarios”.

Pero mientras meten mano a elevar tasas e impuestos, no descartan subir los valores de la energía eléctrica y -en el caso de la capital- el agua potable.

Gran parte de la sociedad tendrá que mejorar el control de su consumo, más ahora que se espera un ardiente verano. En contraste, varios de los mas altos funcionarios ya tienen previsto evadirse de los problemas locales y tomarse sus merecidas vacaciones en sus amplias y confortables mansiones, localizadas en el balneario mas exclusivo de Jureré (Florianopolis- Brasil).

Una forma de recuperar energías y seguir sacrificándose, para continuar construyendo el “Modelo”, y organizar al “Nuevo Hombre Formoseño”.