Viviendas para todos: Hay viviendas terminadas hace años, que se deterioran, sin que el gobierno explique la no entrega a sus legítimos adjudicatarios
La toma de tierras en Jujuy y Tucumán puso en evidencia el déficit habitacional existente en la Argentina, una crisis “alarmante” que se agravó de 2004 a esta parte e impide a millones de familias acceder a una vivienda digna.
Hay preocupación ante la posibilidad de que estos episodios, que derivaron en una violenta represión, se repitan e inclusive pueden ser de mayor magnitud todavía, si no se prevén mecanismos estatales adecuados.
Cuatro muertos en Jujuy. Aquellas peleas en el kirchnerismo coincidieron con otra catástrofe de violencia y muerte en la Argentina. Los ocupantes de terrenos privados jujeños pertenecen a una organización social que es antikirchnerista. Nunca recibió nada del gobierno federal.
El método que usaron, la ocupación, es ciertamente reprochable, pero desnuda un problema social irresuelto, el de la vivienda, que se extiende a todos los extremos del país. El gobierno nacional se deshizo de la culpa y la derivó al gobierno provincial, a la Justicia y a los propietarios privados de los terrenos.
El acceso a una vivienda digna es un derecho inalienable de las personas. De acuerdo al Informe de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA) explica como “las tasas de propiedad, de alquiler y de tenencia irregular o informal prácticamente no han variado en las últimas cuatro décadas, en la Argentina el déficit habitacional y urbano tiene un carácter estructural, que llevará tiempo para ser superado”.
Politización
Lo que ocurre en las provincias, desnuda hasta qué punto la politización y la especulación con el problema de la vivienda social, tanto por parte del gobierno nacional como de sus aliados provinciales, pueden producir tragedias y poner en colisión el derecho a una vivienda digna con el de la propiedad privada.
La problemática habitacional viene de largo arrastre y tiene su raíz en al menos tres variables: la persistencia de la pobreza y la inequidad, el desprecio del migrante y la propiedad de la tierra.
La grave situación en las provincias andinas, sumada a la constatación estadística de un mayor número de viviendas irregulares en el país, no hicieron más que ratificar que esta deuda social estructural está lejos de resolverse, dado que el déficit habitacional urbano en el país afecta a unos 3 millones de hogares, integrados por casi 10 millones de personas.
Una de cada diez familias argentina habita en una vivienda en situación irregular. Es decir, en villas miseria, asentamiento popular sin regularización, ocupación de hecho de casas o edificios. El problema del hábitat es consecuencia del déficit social: desempleo, precariedad laboral y pobreza estructural.
Además, al menos el 36 por ciento no cuenta con conexión a cloacas, el 20 por ciento no tiene acceso a gas por red, el 21 por ciento no cuenta con calles pavimentadas y el 27 por ciento habite en terrenos o calles inundables.
Los gobiernos, de cualquier signo político “hacen oídos sordos” al reclamo formulado por la Iglesia en 2006 en el documento “Una tierra para todos”, considerado uno de los textos sociales más contundentes y meticulosos de las últimas décadas.
La situación se agudizó por años de “incapacidad” del Estado para articular una estrategia de desarrollo económico y social, y que si bien tuvo una “leve” mejoraría entre 2003 y 2007, ahora “tiende a profundizarse”.
La burocracia
En toda la provincia, los terrenos fiscales son de dominio público y generalmente administran los municipios.
Gran parte del circuito 5, terrenos expropiados y usurpados, siguen esperando las regularizaciones a sus actuales ocupantes.
Hay que acortar procesos burocráticos innecesarios para asegurar transacciones de propiedades transparentes y verificables y diseñar políticas ágiles que permitan entregas de tierras a la población que las ocupa.
Un ejemplo: El cura Pezzuto, peregrina todos los despachos, buscando conseguir una autorización para construir una parroquia en los suburbios del barrio 6 de Enero. El IPV, la Municipalidad hasta el gobernador Gildo Insfrán, le niegan una entrevista para justificar su pedido.
Que pueden hacer los más de veinte mil solicitantes de viviendas?, solo esperar que el dedo del lagunense, (que es quien decide casi todas las adjudicaciones), los favorezca.
La raíz del problema se encuentra en que el Gobierno politiza y vilmente trata de aprovechar en su beneficio todos los dramas sociales del presente y del pasado, desde el de los derechos humanos hasta el de la vivienda.
Prueba de ello es el escándalo protagonizado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con los fondos estatales para la construcción, precisamente, de viviendas.
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