Cuando tras la reacción cívica a raíz de la trágica muerte de Antonio Toledo desde estas páginas pretendíamos interpretar que los sucesos determinaban un adiós a la vieja Ushuaia, suponíamos que finalmente la sensatez comenzaría a ganar un espacio importante en nuestro desarrollo como sociedad, y aunque suene facilista, sobre todo suponíamos que ese atributo se haría visible con más fuerza en la figura de quienes por estas horas tienen la responsabilidad –por nosotros delegada– de gobernarnos.Lamentablemente todo indicaría que una vez más nos equivocamos.
Como en el caso de la desaparición del partido político que utilizaron como sello electoral, o del repentino alineamiento político con el gobierno nacional, por no mencionar el sainete en el que la actual administración se vio involucrada tras la brillante intervención de su representante en el Consejo de la Magistratura a la hora de la elección del miembro del Superior Tribunal, pasando por el lamentable espectáculo ofrecido con el negocio con los chinos, el gobierno sólo da muestras de respuestas espásticas, carentes de sustentabilidad y lo que es peor, y más preocupante aún, de proyecto. Y si a esto sumamos el estilo autista y soberbio a la hora de pretender implementar alternativas de solución, más la frágil memoria de los compromisos públicamente asumidos, la cosa se torna aún más complicada.
Fieles a un estilo, que por cierto hasta ahora no ha dado resultado positivo alguno, la administración Ríos parece no estar dispuesta a encontrar otra alternativa que la de la confrontación, aún en aquellos extremos en que la situación hace más fácil el encuentro que la distancia.
La atolondrada reacción de pretender combatir inseguridad con insensatez, constituyó otro exitoso fracaso para la construcción de consenso.
Aún en el supuesto de que la intención oficial de tomar, "extraordinariamente" fondos municipales para atender cuestiones relacionadas a la seguridad y la salud (¿?), se ubique muy por encima de la malintencionada interpretación de suponer que es una manera de limitar económicamente el accionar de eventuales rivales políticos en la carrera a la gobernación para el año entrante, intención que devino en un nuevo e inútil enfrentamiento con los municipios fueguinos, quedó demostrado que, más allá de los fundamentos históricos prolijamente enunciados por el Fiscal de Estado –sobre los cuales, entre algunas otras cuestiones también podría opinarse en tanto la tardía reacción en la defensa de los intereses provinciales– la discusión de un nuevo esquema de coparticipación de recursos no puede ser dada a las apuradas y mucho menos bajo la sorpresiva preocupación por la seguridad pública a partir del asesinato de un ciudadano, o del insólito planteo del legislador Manuel Raimbault, quien tras muchos años de ocupar una banca en el parlamento fueguino recién ahora cayó en la cuenta que la ley de coparticipación data de la época en la que éramos Territorio Nacional. Muestra de que el tema merece una discusión seria y no un impulso oportunista y atolondrado lo marca el hecho de que desde el propio Gobierno debieron salir a explicar qué era lo que en realidad habían querido decir tras el envío del proyecto de ley merced el cual pretenden apropiarse de recursos municipales, y como dicen el barrio, cuando un chiste tiene que ser explicado, el mismo es malo.
De la misma manera realmente sorprendió (o en realidad no tanto) escuchar de funcionarios gubernamentales la utilización de argumentos tan desafortunados como falaces para pretender fundamentar su accionar. Debo reconocer que no sé si gastar plata en pintar cordones sirva de algo, lo que no me cabe la menor duda es que invertir fondos públicos en infraestructura para que nuestros chicos, jóvenes y adolescentes tengan alternativas para la práctica deportiva o recreativa es, sin discusión, una herramienta contra la inseguridad. Claro, es una herramienta a largo plazo, de esas que en cualquier otro lugar se define como una Política de Estado. Así, la afectación de recursos, sean humanos, sean económicos, obedece a un programa en el que los objetivos y metas surgen como producto de la planificación brindando además, certeza en el administrador, sensación de seguridad en el administrado y por sobre todo… sensatez en el desarrollo de un plan de gobierno.
Todo lo demás es inseguridad, aunque se la pretenda disfrazar con los ropajes de la escasez de recursos.
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