Hace seis días, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, dio una pista más cuando dijo que las entidades solidarias habían aceptado que como el servicio eléctrico es concesionado por el Estado, éste debe ser quien regule el uso de sus estructuras (léase postes). Y ayer, al presidente de la Fepamco, Abel Argüello, contó que desde la Casa de Gobierno le avisaron que si hay novedades se conocerán la semana entrante.

Más allá de las palabras públicas, las conversaciones están muy bien encaminadas. Varela tiene en su despacho un proyecto de las cooperativas -modificatorio de las últimas y cuestionadas resoluciones de Obras Públicas y de la Administración Provincial de Energía- que le cerraría a las dos partes. Al texto le faltaría el okey legal de la Asesoría Letrada. Después, el gobernador Oscar Mario Jorge tendría que elegir el momento de hacerlo público, señalaron fuentes de absoluta confianza.

Desde que en diciembre de 2011 el ex administrador provincial de Energía, Carlos Llinás, dictó la disposición 156, dividiendo el pago del canon por el uso de las columnas en partes iguales "entre las empresas de servicios adicionales que hagan uso de tales estructuras de redes, incluidas las cooperativas que ofrezcan estas prestaciones", y hace cuatro meses Varela firmó la resolución 32 confiscando las columnas, y por ende el patrimonio de las cooperativas, han pasado muchas cosas, entre ellas hechos políticos condicionantes.

Llinás ya no está (un alto funcionario jorgista llegó a admitir en off, semanas atrás, que su salida se debió a que tomó decisiones inconsultas) y Varela, por orden de Jorge, se ha mostrado más flexible. Atrás quedaron los días de fuertes declaraciones cruzadas, de denegatorias a los recursos presentados por los damnificados y de sospechas de movidas oficiales a favor de Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín. En el medio hubo señales del gobierno nacional para no tensar la cuerda y hasta Jorge asistió, hace dos semanas, al lanzamiento de CPETv -el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad-, se abrazó con el presidente de la entidad, Oscar Nocetti, y habló en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso en esa ocasión, el gobernador expresó que el tema estaba "prácticamente solucionado".

"Muy buena solución".

Varela reveló la semana pasada que mantuvo reuniones con directivos de la CPE y de Corpico, la cooperativa de General Pico, y adelantó que se estaba trabajando "para llegar a una muy buena solución, consensuada, que beneficie a todos". En esa última palabra incluyó no sólo al gobierno y al cooperativismo, sino también a los municipios. Que haya conversando mano a mano con ambas instituciones no fue casual: el problema del uso del espacio aéreo se da fundamentalmente en las principales ciudades de la provincia.

En esas declaraciones, el ministro también dejó el claro que el gobierno no cederá en la facultad de regular "el uso de las estructuras del servicio eléctrico para la prestación de otros servicios" (telefonía, internet, tevé por cable, etc.). Para argumentarlo volvió a remarcar que esa potestad le está consagrada constitucionalmente al Estado. En cambio, evitó dar una respuesta directa cuando se le preguntó si la propiedad de las columnas quedaría en manos estatales. "Es una concesión de servicio público", contestó.

- ¿Pero la Provincia es dueña de las columnas?, se le insistió.

- Todos aceptan que el Estado concesiona el servicio eléctrico. En ese marco está la respuesta.

- ¿Pero las cooperativas instalan las columnas y el Estado, como concesionaria del servicio, cuando finaliza el contrato se queda con ellas?

- Se está buscando una solución consensuada, que sea beneficiosa para todos. No está mal tener una norma que regule el uso de las estructuras del servicio de energía eléctrica, replicó.

En marzo, cuando se conoció la resolución 32/12, Varela había mostrado un tono más duro. En aquella ocasión dijo que si al finalizar los contratos de concesión, las cooperativas no llegasen a amortizar las inversiones, "la Provincia les pagaría lo que no llegaron a amortizar, pero eso no quiere decir que (las columnas) pasen a propiedad de las cooperativas".

Tres puntos clave.

La fórmula de entendimiento -de acuerdo a quienes han participado de reuniones- pasaría por tres puntos: el Estado tendrá la facultad de regular el uso de las columnas, los usuarios de las redes están diferenciados en distintas categorías y el canon sería cobrado por las cooperativas y quedaría registrado como ingresos del sector eléctrico. Así, cada actor cedería algo de su postura original y la discusión sobre la propiedad de los postes quedaría en una especie de nebulosa. "Una propuesta en esos términos fue entregada por la Fepamco y fue bien vista por el gobierno", dijeron fuentes oficiales.

El primer punto está resuelto y no será discutido por las cooperativas. Voceros de ellas confirmaron que está acordado y lo explicaron así: "Aceptamos que el Estado regule el uso de los bienes afectados al servicio eléctrico, aunque eso no es lo mismo que decir los bienes son de uno u otro. En realidad, haber introducido la cuestión de la propiedad fue innecesario porque nadie se va a llevar los postes. Entonces, de esa manera, no se habla de propiedad y en bienes afectados se engloba todo: las columnas del servicio eléctrico que son de las cooperativas, las del alumbrado público que pertenecen a los municipios y las de 33 kilovoltios que son del gobierno".

El segundo punto estaría sumamente avanzado, casi cerrado y solamente restaría la respuesta final del ministro. El esquema prevé hablar de usuarios prestadores y no prestadores. El prestador es el que posee la red, y que pagando el canon podría ofrecer varios servicios a través de un mismo cable. El no prestador es el que carece de red y tiene que usar otro cable para brindar sus servicios. Si dos empresas utilizan una misma red abonarían dos aranceles.

¿Y las cooperativas? También pagarían por el uso de su red, aunque sería un pago virtual ya se destinaría al servicio eléctrico. O sea, serían transferencias internas. La diferencia con la propuesta original de la Fepamco es la obligación de hacerlo figurar como ingresos del servicio eléctrico para que no haya un uso discrecional de los fondos. Ese costo quedaría identificado en números para que no se acuse a las entidades solidarias de competencia desleal.

Las fuentes dieron este ejemplo: "Si Cablevisión usara las columnas de las cooperativas para el tendido de su red, pagará el canon y podrá brindar todos los servicios que quiera, pero no podrá prestarle la red a Fibertel para que dé internet. En ese caso Fibertel tendría que pagar el mismo canon que Cablevisión. O sea, el canon se pagará por red y no por servicio. Si una misma empresa tuviera dos redes, pagaría dos cánones. Además está previsto que las empresas pampeanas, las que son de acá, y no las que fijan domicilio legal en La Pampa, tendrán algún descuento".

El último punto es el cobro del canon. La resolución de Varela preveía que pasara de las cooperativas a la APE. Habría una media marcha atrás. ¿Cuál sería el acuerdo? Las cooperativas cobrarían el canon, pero al quedar registrado como ingresos del servicio eléctrico, la APE podría usarlo para aplicar beneficios tarifarios a los consumidores. Además cada uno de los prestadores -exceptuando las cooperativas, que ya lo están- deberían registrarse ante el organismo estatal.